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IU, incumplimiento de contrato

El peso de la púrpura ha terminado por desnortar a Izquierda Unida.
Al final, la rebelión prometida ha resultado ser interna y la han protagonizado los representantes de esta formación política en el Parlamento de Andalucía: han prendido las antorchas y han metido fuego a su propio programa electoral. Quienes presumen de ser los -únicos y genuinos- defensores de la clase obrera, han decidido bendecir con sus votos, necesarios e imprescindibles, la enésima agresión a los derechos de los trabajadores.
Llevan años asegurando que existen alternativas y que la salida está a la izquierda (al fondo, pero a la izquierda). Años prestándole el megáfono a todo el que ha querido gritar, y situando su pancarta al frente de cualquier movilización. Años luciendo camisetas verdes, moradas y rojas (“-Con este tipín, cualquier cosa me sienta bien.”); años ideando eslóganes, años acompañando encierros y sentadas… y han bastado cien días rascando en el banco azul para sacarles los colores.
Su líder -donde dije digo, digo Diego- Valderas ha sufrido un repentino ataque de amnesia -alguna sustancia estupefaciente, que le habrán echado en la cartera vicepresidencial– para argumentar, sin vergüenza, las mismas justificaciones que él mismo criticó (“-No, si no soy yo. Es el PP, que me obliga”, “-No os preocupéis que, en cuanto haya pasta, os pagamos todo de golpe”).
Una pérdida -selectiva- de memoria que le ha permitido olvidar aquellas viejas demandas: más gasto público, lucha contra el fraude fiscal, reducción de altos cargos, reforma de la administración paralela, negociación colectiva y acuerdo con los sindicatos, protección social, impuestos para los más ricos (por cierto, el impuesto sobre campos de golf va a dar mucho que hablar), persecución de la economía sumergida… Aquellas propuestas que convencieron a tantos en las últimas elecciones y que le permitieron crecer más de un 37% en el número de votos (pasaron de 317.562 a 437.445) y duplicar el número de asientos (de 6 a 12).
Izquierda Unida ha cambiado de catecismo, pero sólo en Andalucía. En el resto de España, se mantiene en la otra orilla y rechaza las propuestas que exclusivamente defiende en el Hospital de las Cinco Llagas, con el argumento -casi de Estado- de que es la única manera de sostener al mismo gobierno que llevan treinta años intentando desbancar.
Izquierda Unida no ha entendido el mensaje (“¡No es eso, no es eso!”, que escribió Ortega y Gasset) y ha apostado a una carta -la más alta- buena parte de su credibilidad presente y futura. Temerariamente, ha decidido cambiar por un plato de lentejas el contrato que firmó el 25 de marzo con sus electores, y ni el clamor de propios ni el estupor de propios y extraños han movido el fiel de una balanza demasiado desequilibrada por el peso de los coches oficiales.
Coches que no aliviarán la travesía del desierto cuando, dentro de cuatro años, los votantes les demanden por incumplimiento de contrato.
Epílogo
El artículo 259 de la Constitución de Colombia proclama: “Quienes elijan gobernadores y alcaldes, imponen por mandato al elegido el programa que presentó al inscribirse como candidato”. O sea, que el programa electoral es de obligado cumplimiento para los políticos colombianos.
En España, un auto del Tribunal Supremo dictado en 2005 -que ha sentado jurisprudencia- determinó que “las ‘promesas electorales’ y su cumplimiento forman parte esencial de la acción política, enmarcada en principios de libertad de hacer o no hacer […] que escapan al control jurisdiccional”. Es decir, que los políticos españoles pueden decidir libremente por dónde se pasan el programa con que se presentan a las elecciones. Y así nos va.

Las elecciones del miedo

Las del próximo domingo son las elecciones del miedo. Las del miedo a perder.
En ellas, el PSOE se juega mucho más que el gobierno. Si las urnas le arrebatan el último fortín, la derrota arrastrará a cientos -quizás a miles- de puestos de trabajo (en su mayoría, altos cargos) poco o nada habituados a enviar currículums. Si el PSOE pierde estas elecciones, se avecinan días convulsos, de crueles luchas cainitas para conquistar los cada vez más exiguos reductos de poder.
El otrora todopoderoso partido socialista se ha ido desgarrando elección tras elección. Ha ido desalojando ayuntamientos y diputaciones, juntas de gobierno y consejos de administración. La formación que hace más de un siglo fundara Pablo Iglesias para revolucionar las estructuras del estado es hoy una máquina de gobernar aterrada ante la posibilidad del último desahucio.
También se lo juega todo el Partido Popular. Al menos el PP de Andalucía. Nunca ha tenido tan al alcance de la mano -y probablemente, nunca lo tendrá- rendir esta plaza, frente a un rival vencido en las encuestas, acosado en los tribunales, vapuleado en los periódicos y cuestionado en las calles; un sparring de brazos caídos que sólo aspira al combate nulo para pedir la revancha.
Y aún así, el Partido Popular podría perder este tren. Arenas, que lleva desde los treinta y tantos aspirando al cetro, es consciente de que no tiene más balas en la recámara y de que ha puesto toda la carne en el asador, pero también sabe que tras la noche en que la aritmética de las urnas le corone -esta vez, sí- campeón, puede despertar con el regusto amargo que en ocasiones dejan las ententes postelectorales.
Para el PP, el gobierno de la Junta de Andalucía es algo más que el paraíso prohibido. Igual que su conquista significaría un golpe moral del que sus oponentes tardarían años en recuperarse, un nuevo fracaso -como en Covadonga- insuflaría ánimos al rival exánime, aunque -como en Covadonga- la reconquista tenga que esperar. Además, el gobierno central confía en esta victoria para evitar cuatro años de inhóspita cohabitación, con un PSOE atrincherado -por voluntad propia- y radicalizado -por la de sus más que previsibles socios de gobierno-.
Los sesudos analistas aseguran que no hay lugar para la sorpresa y que el suelo electoral del Partido Popular supera holgadamente el peldaño de la mayoría absoluta. Pero, cuando se apagan los focos y se termina el posado, asoma en los rostros -de unos y de otros- el rictus del miedo.

Matar al mensajero

Artur Mas, Esperanza Aguirre y Josep Antoni Duran son unos bocazas. Hay muchos más, pero estos tres se han ganado a pulso la nominación gracias a su obstinación en obtener réditos electorales ridiculizando y/o criticando a los andaluces. Dicho esto -e insistiendo en la inoportunidad de determinadas declaraciones-, no comparto que la mejor respuesta a sus agravios sea matar al mensajero.
A mí también me irrita que el molt honorable se burle de los alumnos andaluces como argumento para defender su modelo educativo, pero más que los excesos del rey Artur me preocupa que el último Informe PISA sitúe a nuestra comunidad a la cola de España y demasiado lejos de la media de los países de la OCDE.
Me indigné cuando la condesa de Murillo llamó gallinas –“pitas, pitas, pitas”– a los campesinos andaluces, pero rechazar las salidas de tono de doña Esperanza no implica conformarse con que decenas de miles de jornaleros dependan de los subsidios agrarios (llámense PER, AEPSA, PROFEA, FEIL, FEESL… o cualquier otra combinación de letras).
No voy a disculpar al eterno candidato a ministro cuando asegura que le cargan a él la cuenta del bar de todos los parados de Andalucía, pero que haya pillado a Duran en un renuncio no supone que tenga que asentir cuando leo que la tercera parte de los desempleados ha rechazado una oferta de trabajo en los últimos tres meses.
Resulta mezquino aprovechar el bajo nivel de nuestros estudiantes o las dificultades que atraviesan los jornaleros, para crecer unas décimas en las encuestas de intención de voto, pero no es esa utilización espuria la que ha ofendido la dignidad colectiva de los andaluces -lamentablemente, ya estamos habituados- sino la identidad y el origen de quienes han aireado nuestros trapos sucios.
Nosotros contamos chistes de leperos, nos pasamos horas aplaudiendo a Juan y Medio -versión abuelos y versión nietos– y derrochamos arte pa’ rabiar cuando se trata de animar la boda de la señora duquesa, pero nos da una alferecía cuando un  catalán nos dibuja con sombrero cordobés y bailando sevillanas. ¿Quién no conoce a un trabajador en activo que esté cobrando al mismo tiempo una nómina (en negro) y un subsidio de desempleo? Aquí nadie denuncia nada, pero nos parece intolerable que venga otro de fuera a echárnoslo en cara.
Tenemos identificados nuestros problemas, somos conscientes de nuestros defectos y conocemos nuestras fullerías, pero no se nos ocurre otra alternativa que denunciar al denunciante, a sabiendas de que matar al mensajero no soluciona nada, por muy bocazas que sea. Y esos -que conste- lo son.