Etiquetado: España

¡Viva Draghi! ¡Ha nacido el Salvador!

En aquel tiempo, llegó a Frankfurt (donde inventaron las salchichas y el BCE) el ministro Luis de Guindos, ascendió a la planta cuarenta de la Eurotower, se arrodilló ante Mario Draghi e imploró:
-Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
-El Banco Central Europeo hará lo necesario para sostener el euro -respondió el Maestro- y, créanme, eso será suficiente.
Fue entonces cuando De Guindos, que ya se había encaramado al balcón presto a arrojarse a las negras aguas del río Meno, notó cómo le temblaban las piernas y una lágrima vadeaba los profundos surcos de sus macilentas mejillas.
-¿Me estás hablando a mí, señor? -preguntó, incrédulo-. ¿En verdad, en verdad lo dices? ¿Puedo comunicar al mundo la buena nueva?
Ite. Missam est.
Y se fue con la misión cumplida. Y difundió el mensaje. Y nada más hacerlo, las aguas se abrieron, el íbex-35 resurgió de los infiernos y el riesgo de la prima de riesgo se abrasó en una zarza ardiente.
-¡Aleluya! -le puso a Mariano por el whatsapp– ¡Ha nacido el salvador!

Como a Michael Corleone en El Padrino (“-Voy a hacerle una oferta que no podrá rechazar”), a Draghi le ha bastado una frase para triunfar, para borrar sus desaires y para convertirse en uno de los nuestros.
A nadie parecen importarle ya el tiempo -y el dinero- perdidos, que el diferencial con Alemania se mantenga por encima de los 550 puntos básicos, que el íbex-35 apenas supere los seis mil (en septiembre, rondaba los diez mil puntos) y que cada subasta de deuda se nos lleve varios millones de euros en intereses.
Al presidente del BCE se le ha escapado que conoce la fórmula del bálsamo de Fierabrás -el que nos aliviará de todos los males-, pero que no está dispuesto a malgastarlo -por mucho que De Guindos se parezca a Sancho Panza- . Y a nadie parece importarle.
El gobierno brinda hoy con una botella medio llena porque, como dijo Escarlata O’Hara, “al fin y al cabo, mañana será otro día”, y quién sabe mañana qué dirá quién.

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Hay alternativas, y lo saben

El presidente del gobierno se ha refugiado en el búnker del determinismo invencible para hacernos creer que no existen alternativas.
Cada vez que deja caer la porra sobre los maltrechos lomos de los trabajadores, nos regala la socorrida cantinela del no-hay-más-remedio. Eso y el gemidito (“-Más me duele a mí que a ti”- dice); eso y el ensayado rictus de hombre de estado que sufre con el sufrimiento de sus súbditos.
Nadie pone en duda que la situación es complicada y nadie pone en duda de que es preciso adoptar medidas extraordinarias. El Estado lleva años -muchos años- dilapidando nuestro patrimonio y nuestra herencia, y sólo ha aceptado la gravedad del problema cuando ya nadie le presta dinero para seguir tapando el despilfarro (o cuando, quien lo hace, le impone intereses leoninos). Sólo entonces ha comprendido que hay que ingresar más y que hay que gastar menos -¡vaya lumbreras!-, y se han puesto a buscar al pardillo que se haga cargo de la cuenta.
Cada vez son más los economistas -y algunos sin barba- que defienden reformas impositivas más eficaces y más justas. El catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, Viçenc Navarro -por ejemplo- calcula que se obtendrían 12.000 millones de euros sólo con recuperar algunos tributos total o parcialmente suprimidos (el impuesto sobre los grandes patrimonios, el impuesto de sociedades -para las grandes empresas- o el impuesto de sucesiones). Los técnicos del Ministerio de Hacienda -otro ejemplo- proponen recaudar 6.200 millones de euros más cada año sólo con destapar la economía sumergida, y 4.500 millones más sólo con un impuesto sobre las transacciones financieras; eso por no hablar del fraude fiscal, por donde escapan más de 40.000 millones de euros.
Por tanto, ¿quién dice que no hay alternativa a subir el IVA? En Francia, se van a aprobar impuestos especiales sobre las grandes fortunas y las grandes sucesiones, y en Estados Unidos -el paraíso de los liberales- Obama ha anunciado reformas fiscales en la misma línea.
Y aún se puede ingresar por otros conceptos. El Instituto Alemán de Investigación Económica -que no se entere la Merkel- ha propuesto que las grandes fortunas “colaboren” -por imposición- con la compra de deuda soberana, y numerosos colectivos aportan otras soluciones imaginativas (la Tasa Tobbin sería un buen ejemplo) que contribuirían a llenar la hucha.
Eso en el capítulo de ingresos. Como en el de gastos también hay que pegar pellizcos, se recorta en sanidad y en educación, se bajan los sueldos de los trabajadores públicos, las pensiones y los subsidios, se reduce el gasto público y se suprimen instituciones democráticas. Todas ellas, medidas que afectan a los mismos, a los de siempre.
A nadie se le ha ocurrido -o sí, pero sólo un rato- adelgazar otras partidas. Con la que está cayendo, la Casa Real mantiene sus más de 8,2 millones de euros de presupuesto anual, el Ministerio de Defensa sus 6.300 millones -que no sé yo de quién nos tenemos que defender, cuando el enemigo está en casa- y la Iglesia Católica conserva -sin recortes- su asignación de 160 millones de euros. Al presidente del Consejo del Poder Judicial le han congelado su jornal de 130.000 euracos -dietas y viajes a Marbella no incluidos-; los ex presidentes, su pensión vitalicia de 80.000 euretes -que no les impiden trabajar en empresas privadas de donde obtienen pingües beneficios, quizás a cambio de viejos favores- y sus señorías y señoríos, sus 4.000 euros al mes, la cama aparte -bueno, los alquileres, sólo para los de provincias-.
A nadie se le ha ocurrido que un país pobre, como España, no puede permitirse administraciones duplicadas -y triplicadas, en algunos casos-, ni cámaras repetidas -la del Senado, empieza a ser ya una reforma urgente-. No puede sostener la actual corte de asesores, jefes de gabinete y mamporreros, ni puede seguir subvencionando a tanto liberado, a tantos partidos políticos, al cuerpo de traductores y a las embajadas en Andorra. No puede, pero lo hace, y el gobierno seguirá culpando a la Merkel, a Draghi o al chachachá, y seguirá escudándose en que no hay alternativa.
Lo malo es que tiene -parcialmente- razón: mires para la derecha o mires para la izquierda, todos están escondidos detrás del mismo burladero.

Los huérfanos de Rajoy

ImagenVale que el poder desgasta. Vale que la realidad del ejercicio de gobierno difícilmente puede corresponderse -ciento por ciento- con la utópica idealización que previamente dibuja negro sobre blanco el gabinete electoral. Vale que, cada vez que un nuevo inquilino revuelve el doble fondo de los cajones y levanta las alfombras de su nuevo despacho, se encuentra con obstáculos insorteables que le conducen irremisiblemente hacia rutas indeseadas.

Todo eso vale, pero es que los seis primeros meses de Rajoy han superado las peores expectativas.

El presidente del gobierno ha conseguido, en sólo ciento ochenta días, agotar buena parte de su crédito, defraudar a su electorado, rearmar a sus opositores y vaciar de argumentos a sus más inquebrantables e incondicionales defensores.

Según el último barómetro del CIS (publicado en mayo de 2012), el 56% de quienes votaron al PP el pasado mes de noviembre creen que la actual situación económica es peor que cuando los populares desembarcaron -hace ahora un año- en la mayoría de los ayuntamientos y comunidades autónomas, y el 42% de esos votantes opinan que la situación política hoy es ‘mala’ o ‘muy mala’ (a modo de anécdota, el 2% de los electores del PP cree que el principal problema de España es su gobierno).

Mariano Rajoy lleva más de un año -desde la campaña de las municipales, por lo menos- reclamando su derecho a gobernar, para solucionar los problemas de la nación; reivindicando un masivo apoyo popular con el que activar su fórmula mágica, su receta para generar confianza en los inversores, incentivar la creación de empresas, crear puestos de trabajo, optimizar los recursos y mejorar los servicios públicos. Una ecuación milagrosa basada en recortes y repagos que, lejos de reportar beneficios, no ha hecho sino aunar a sectores de lo más variopinto en la tribuna de las quejas.

La política fiscal (la subida del IRPF y la del IBI, y la del IVA, que viene) ha roto los esquemas a los empresarios y a los liberales -tanto monta, monta tanto- otrora fieles escuderos de Rajoy, Los recortes en la administración pública (menos sueldo, más horas, menos derechos) han rebelado a los funcionarios, interinos, laborales y eventuales, empezando por el grupo E y terminando por el Grupo A. Los desempleados que votaron a Rajoy confiando en que les buscaría un trabajo, se han encontrado con que, en lugar de eso, les reduce las prestaciones, y los pensionistas que esperaban garantizar sus pagas (“-¡La Caja de la Seguridad Social se hunde!”-, decían) tienen ahora que aflojar la mosca, cuando retiran la nifedipina y el omeprazol. Los emprendedores esperan y desesperan, y hasta las víctimas del terrorismo se quejan de sus desaires.

Ni se ha acabado con la corrupción, ni con el despilfarro autonómico. Ni se han terminado las injerencias (los nombramientos en la RTVE y en el CGPJ son sólo dos ejemplos), ni los despropósitos. Como siempre, gana la banca y pierden los desahuciados, bajan los créditos y suben los ERE, y el país sigue sin pintar nada ni en Europa ni en el mundo (bueno, en el mundo sí: don Mariano ya es presidente de las Islas Salomón).

Rajoy ha sembrado España de huérfanos -de huérfanos políticos, se entiende-, de ingenuos electores que creyeron sus promesas, que confiaron en sus soluciones y que depositaron en su gestión lo que les quedaba de confianza. Votos prestados para impulsar un cambio de rumbo que ha resultado ser un giro hacia ninguna parte.

Y, mientras, el presidente calla y se refugia en el burladero, e insta a sus subalternos a que intenten ocuparse del miura, ante el pasmo del personal que -desde el sol y desde la sombra- no acierta a entender cómo le han metido en esta faena.

Entre pitos y flautas

Desde hace algunos meses -puede que desde hace algunos años- la política española se mece entre pitos y flautas: pitos que intentan silenciar las flautas, flautas que pretenden camuflar los pitos.
Las noticias, buenas o malas (casi siempre malas), llegan animadas por una banda sonora de aplausos y abucheos que termina por desviar el debate, por enterrarlo bajo una costra de maquillaje sobre la que centrar la discusión y obviar lo esencial por lo accesorio.
Grupos políticos, instituciones, agentes sociales y -sobre todo- medios de comunicación se esmeran en enervar a la claque. Sirven en bandeja argumentos populistas (“-¡Gibraltar español!”-) para con sus vítores acallar los gritos de la otra bancada (“-¡Que pague la Iglesia!”), sin reparar (o sí) en que, con tanto jaleo, no se escuchan los lamentos.
Entre pitos y flautas, 4.744.235 españoles y españolas siguen pidiendo empleo al puñado de defraudadores amnistiados que no saben dónde colocar los millones que milagrosamente nacieron entre las láminas de su somier. Entre pitos y flautas, 58.241 familias siguen buscando dónde dormir después de ser desahuciados por los bancos y se cruzan con los exdirectivos incompetentes que salen por la puerta de atrás con cheques de siete ceros como pago por los servicios prestados.
Entre pitos y flautas, se reducen los salarios -¡ay, el impuesto revolucionario!-, se recortan las prestaciones -¿se acuerdan del estado del bienestar?- y se disparan las tasas -bienvenidos al reino del pago, copago y repago-. Entre pitos y flautas, se retrasa la edad de jubilación –“Si es que estás hecho un chaval”-, aumenta el IVA -Europa somos todos- y se rompen los convenios -con Franco, vivíamos mejor-.
Nos ensordecen con las cifras del déficit, la prima de riesgo y el íbex 35, para que -con el estrépito- perdamos la cuenta de los euros que mes a mes entran de menos en nuestras carteras y para que, entre pitos y flautas, aceptemos como irreversible una situación de la que, encima, nos responsabilizan.
Cuando los pitos reciben a su alteza el heredero en el campo de fútbol, se compensa elevando el volumen de las flautas que interpretan la Marcha Real. Cuando los pitos reprochan los reajustes, las fanfarrias apuntan al despacho de enfrente –“Tú más”-, como si no nos dolieran igual las bofetadas vengan de la mano que vengan.
Es hora de dejarnos de pitos y flautas. De exigir respuestas en lugar de justificaciones, soluciones en lugar de alharacas, resultados en lugar de excusas.
Porque, en definitiva, nos están tomando el pelo. Entre pitos y flautas.

Rajoy y la teoría del caos

En 1884, para celebrar su sesenta cumpleaños, Óscar II rey de Suecia y Noruega convocó un singular concurso -siempre ha habido gente rara- en el que los participantes tenían que resolver complicados problemas matemáticos, como -por ejemplo- analizar la estabilidad del Sistema Solar y determinar especialmente cómo influye un cuerpo situado entre otros dos cuerpos celestes. El entonces joven científico Henri Poincaré aceptó el reto, pero fue para demostrar que el enigma no tenía solución, que en el universo existen sistemas caóticos, tan vulnerables a una mínima perturbación que el resultado varía en cada experimento y por lo tanto se vuelve imprevisible. Había nacido la teoría del caos.
Para que nos entendamos, la teoría del caos viene a defender que a veces no es posible establecer una inequívoca relación causa-efecto (un mismo experimento puede producir distintos resultados) porque existen factores -por muy insignificantes que puedan parecer- que modifican todo el proceso. No hay manera de pronosticar en qué número parará la bolita por mucho que la ruleta gire siempre con la misma velocidad y se repitan exactamente los mismos movimientos.
Algo parecido ocurre con la política y los gobiernos.
Aplicando la más estricta ortodoxia, los economistas elaboran un plan. Aseguran que cuando el déficit público se reduce ‘equis’, el peibé crece ‘y’, y que sólo entonces se crean ‘ene’ empleos; dicen que si se aplica el copago farmacéutico, se reducirá la deuda con los laboratorios y se saneará el sistema sanitario; explican que si se aplaza la edad de jubilación, aumentarán las cotizaciones y se frenará el gasto por prestaciones hasta llenar otra vez la caja… Pero esto es sólo el plan. Luego aparece la teoría del caos -y su acepción más popular: el efecto mariposa- para devolvernos a la realidad: el gobierno impone reformas y ajustes para recuperar la confianza de los inversores, pero un simple editorial en el Wall Street Journal -¡ay, el efecto mariposa!- dispara la inquieta prima de riesgo y hunde todos los indicadores; cada vez que a un preboste alemán le repite el pepino, los mayoristas verduleros -con perdón- europeos dejan de pasar por los invernaderos de Almería; basta con que il nuovo cavalieresiembre alguna duda, para que el íbex treinta y cinco coseche tempestades. Nada es absolutamente predecible (ni siquiera están bajo control los factores que influyen en los resultados) pero, aún así, los economistas realizan sus previsiones y los políticos aprueban sus programas, las previsiones fallan una y otra vez y los programas se modifican uno detrás de otro.
Quieren transmitir confianza y sólo nos conducen al caos. Tanto que nos hemos inmunizado. Nos hemos habituado a leer las cifras en números rojos y las previsiones en letras negras, las nóminas de arriba a abajo y la cartilla del paro de abajo a arriba; nos hemos acostumbrado a escuchar las justificaciones ante cada nuevo fracaso (cuando no es por la herencia, es culpa de los griegos, de las elecciones en Francia, de los combates en Siria, de los elefantes del rey… o del vuelo de una mariposa) y ofrecemos humildemente la otra mejilla cada vez que nos abofetean con un real decreto.
Si la crueldad de las cifras demuestra que Rodríguez Zapatero erró en su planteamiento ante la crisis, meses después la situación es aún peor: números aún más rojos, futuro aún más negro, los brotes verdes aún más lejos… y sin solución, porque el avión que acudía al rescate se ha estrellado antes de despegar. Seguimos navegando en un buque a la deriva cada vez con menos provisiones y peores previsiones, y -lo que lo agrava todo- sin rumbo ni faro al que enfilar la proa.
Nuestra única esperanza es que aparezca un remolcador (alemán o francés, americano, chino o de donde sea) y nos lleve a puerto, nos ponga a salvo del caos de la mar gruesa y de las alas de las mariposas.

O más impuestos o menos estado

Hay verdades que molestan especialmente, pero no por ello dejan de ser ciertas, y entre ellas hay una que aparece de cuando en cuando en las portadas de los periódicos -aunque no la queramos leer-: “Los españoles pagamos pocos impuestos.”
Y ahora no me refiero al fraude o a la evasión fiscal -lo haré más abajo-, sino sencillamente a la presión tributaria. En España -según el último informe de la OCDE– la carga impositiva (en relación al PIB) apenas supera el 30% -la séptima más baja de la Unión Europea-, muy lejos de los porcentajes que se registran en los países nórdicos: Finlandia (42,6%), Noruega (42,9%), Suecia (46,7%) o Dinamarca (48%). En ese mismo ránking de la OCDE sobre el esfuerzo fiscal -en el que España ocupa el puesto 22º-, Japón se sitúa en la posición 28ª (con el 26,9%) y Estados Unidos en la 32ª (24,1%).
Lo malo es que, por mucho que quisiéramos mirar para otro lado, los servicios públicos sólo son viables cuando hay suficientes ingresos con los que garantizarlos. No es casualidad que los norteamericanos, que pagan la mitad de impuestos que los daneses, disfruten de peores servicios y muchos menos subsidios y prestaciones sociales. En Dinamarca, no existen carreteras de peaje, los estudiantes reciben una beca -de más de setecientos euros mensuales- mientras dura su periodo de formación y los salarios más bajos se complementan con una ayuda pública para la vivienda, porque el estado ingresa lo suficiente como para afrontar esos gastos.
En España (y en países como Portugal, Grecia o Irlanda) hemos pretendido tomar lo mejor de cada uno de los modelos: impuestos bajos (como en Estados Unidos, Australia o Japón) y servicios sociales de calidad (como en el norte y en el centro de Europa), pero esa combinación tiene el recorrido muy corto. Más allá de algunas complejas y circunstanciales operaciones financieras, los estados no disponen de fuentes de ingresos más allá de los tributos, de manera que, si los ciudadanos no pagan, las prestaciones públicas se hacen insostenibles.
Cada vez que nos amenazan con el copago -han empezado con el sanitario, pero llegarán otros-, no hacen sino recordarnos que con lo que aportamos ya no llega y que hay que contribuir un poco más si queremos conservar el actual sistema de pensiones, la enseñanza pública, el modelo sanitario, el subsidio por desempleo o la atención a los dependientes. Porque el copago no es sino otra forma de tributación -ésta, a semejanza de los impuestos indirectos- mucho más injusta, insolidaria y regresiva, contraria al espíritu del artículo 31.1 de la constitución (“Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”). Cuando hablamos de impuestos directos -como el IRPF, por ejemplo-, cada uno aporta según su patrimonio, pero cuando el pago se hace mediante una tasa, la factura es la misma para ricos o para pobres (cuando toque pagar por visitar Urgencias -pongamos que sean quince euros-, lo que al presidente de Banca Cívica le supondrá el 0.03% de su salario semanal, al mileurista se le disparará hasta el 6%).
Es decir, que o pagamos más impuestos -directos- o lo hacemos mediante tasas, impuestos especiales -como el de los carburantes- y copagos. Pero pagar, vamos a terminar pagando. ¿O quién lo hace si no?
Siempre nos quedará el argumento de que bastaría con combatir eficazmente el fraude fiscal para evitarnos la recientemente anunciada subida impositiva (los españoles también somos líderes en urdir estrategias -más o menos legales- con las que ahorrarnos unos eurillos), o que es posible gestionar mejor y priorizar garantizando las partidas de mayor contenido y relevancia social. Cierto, pero nunca será suficiente. Si queremos servicios, tenemos que ser coherentes y costearlos.
Con la llegada del siglo XXI, se ha recuperado un debate -que parecía superado- entre los detractores y los defensores del estado del bienestar. Grupos proclives al liberalismo que -como el Tea Party– abogan por la rebaja de impuestos y, consecuentemente, por la reducción del gasto público, han reunido suficientes seguidores en Europa como para cuestionar las políticas sociales que promueven la integración y la convergencia ciudadana a través de la solidaridad, y. día a día, ganan más adeptos con sus planteamientos demagógicos: proponen la eliminación de determinados impuestos sin explicar que eso conduciría a la supresión de buena parte de la cobertura pública.
A nadie le gusta pagar impuestos (a mí, desde luego, no) y por ello es tan necesario vigilar a qué se destinan y exigir que se empleen criterios en beneficio de la mayoría. Pero una sociedad que no contribuye (y que prefiere contratar a un asesor fiscal para que le enseñe a pagar aún menos), conforma estados débiles e insolidarios.
(Eso sí. Cuando luego vemos un documental sobre Copenhague, todos -unos y otros, los que pagan y los que no- coincidimos: “-¡Qué bien se tiene que vivir en ese sitio!”)

El tamaño del pene

Observando el nivel de quienes ostentan la responsabilidad de dirigir nuestros destinos, gastar nuestros dineros y tomar las decisiones en nuestro nombre, uno llega a la conclusión de que el actual sistema de elección de representantes tiene bastantes lagunas.
Partimos de un modelo viciado en origen, en el que sólo son elegibles aquellos que han superado en sus partidos un proceso interno habitualmente opaco e injusto, donde suelen triunfar aptitudes, atributos y cualidades que poco -o nada- tienen que ver con las aptitudes, los atributos y las cualidades que deberían de iluminar el ulterior desempeño del cargo para el que indirecta y remotamente salen ungidos. Quienes logran imponerse en el congreso de su formación política, no lo hacen demostrando sus dotes de gobierno ni sus habilidades para la gestión, sino que les basta con exhibir sus facultades para la intriga y el medro, sus dotes de seducción y su buen ojo a la hora de pergeñar alianzas, pactos y complicidades. Con este formato, a menudo quienes terminan por capitanear las naves y afrontar complejas singladuras no lucen en su triste currículum otras virtudes que las del blancor de sus sonrisas, el grosor de sus carteras o -todavía peor- el peso de sus billeteras. Algo así como escoger al jefe de la tribu por el tamaño de su pene.
Cuentan que, cuando a uno de los colaboradores de Kennedy le preguntaron si le creía capaz de imponerse a Nixon en las elecciones de 1960, contestó que para ser presidente de Estados Unidos sólo es necesario ser alto, rico y saber hablar. Richard Nixon acudió al debate televisado -el primero de la historia- sin afeitar, sin maquillar y sin camuflar en su rostro las secuelas de un par de semanas de hospitalización; contra pronóstico, ganó el guapo.
Otro ejemplo: la designación de Rasputín como consejero del último zar de todas las Rusias se basó en su pericia para detener las frecuentes hemorragias que desangraban al zarévich. Bueno, en eso y en la fascinación que provocaba en la zarina Alejandra. (Por cierto -y hablando de penes- en un museo de San Petersburgo conservan en formol el falo de más de veintiocho centímetros que -se supone- paseó en vida el Monje Loco).
Afortunadamente, ya no es posible que una reina -María Luisa de Parma, por ejemplo- haga nombrar primer ministro a uno de sus amantes -por ejemplo, a Manuel Godoy- y sólo queda para el anecdotario el listado de políticos que escalan el escalafón a golpe de hormonas (¿qué fue de aquella Cicciolina que ofreció su cuerpo a Saddam Hussein para evitar la Guerra del Golfo?), pero continúan imponiéndose criterios espurios que, con el paso del tiempo, convierten en lodo aquellos polvos (con perdón).
Mientras que la política siga siendo una profesión (muchos de los ministros empezaron de concejales en su pueblo, como el cursus honorum de los romanos) y tengamos que conformarnos con elegir entre listas cerradas (menú del día: tres primeros, tres segundos, pan, vino y postre), los méritos que encumbren a unos y a otros no serán -sálvese el que pueda- los que en realidad convienen a la mayoría.
Al final va a resultar que el tamaño sí importa.