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Entre pitos y flautas

Desde hace algunos meses -puede que desde hace algunos años- la política española se mece entre pitos y flautas: pitos que intentan silenciar las flautas, flautas que pretenden camuflar los pitos.
Las noticias, buenas o malas (casi siempre malas), llegan animadas por una banda sonora de aplausos y abucheos que termina por desviar el debate, por enterrarlo bajo una costra de maquillaje sobre la que centrar la discusión y obviar lo esencial por lo accesorio.
Grupos políticos, instituciones, agentes sociales y -sobre todo- medios de comunicación se esmeran en enervar a la claque. Sirven en bandeja argumentos populistas (“-¡Gibraltar español!”-) para con sus vítores acallar los gritos de la otra bancada (“-¡Que pague la Iglesia!”), sin reparar (o sí) en que, con tanto jaleo, no se escuchan los lamentos.
Entre pitos y flautas, 4.744.235 españoles y españolas siguen pidiendo empleo al puñado de defraudadores amnistiados que no saben dónde colocar los millones que milagrosamente nacieron entre las láminas de su somier. Entre pitos y flautas, 58.241 familias siguen buscando dónde dormir después de ser desahuciados por los bancos y se cruzan con los exdirectivos incompetentes que salen por la puerta de atrás con cheques de siete ceros como pago por los servicios prestados.
Entre pitos y flautas, se reducen los salarios -¡ay, el impuesto revolucionario!-, se recortan las prestaciones -¿se acuerdan del estado del bienestar?- y se disparan las tasas -bienvenidos al reino del pago, copago y repago-. Entre pitos y flautas, se retrasa la edad de jubilación –“Si es que estás hecho un chaval”-, aumenta el IVA -Europa somos todos- y se rompen los convenios -con Franco, vivíamos mejor-.
Nos ensordecen con las cifras del déficit, la prima de riesgo y el íbex 35, para que -con el estrépito- perdamos la cuenta de los euros que mes a mes entran de menos en nuestras carteras y para que, entre pitos y flautas, aceptemos como irreversible una situación de la que, encima, nos responsabilizan.
Cuando los pitos reciben a su alteza el heredero en el campo de fútbol, se compensa elevando el volumen de las flautas que interpretan la Marcha Real. Cuando los pitos reprochan los reajustes, las fanfarrias apuntan al despacho de enfrente –“Tú más”-, como si no nos dolieran igual las bofetadas vengan de la mano que vengan.
Es hora de dejarnos de pitos y flautas. De exigir respuestas en lugar de justificaciones, soluciones en lugar de alharacas, resultados en lugar de excusas.
Porque, en definitiva, nos están tomando el pelo. Entre pitos y flautas.

O más impuestos o menos estado

Hay verdades que molestan especialmente, pero no por ello dejan de ser ciertas, y entre ellas hay una que aparece de cuando en cuando en las portadas de los periódicos -aunque no la queramos leer-: “Los españoles pagamos pocos impuestos.”
Y ahora no me refiero al fraude o a la evasión fiscal -lo haré más abajo-, sino sencillamente a la presión tributaria. En España -según el último informe de la OCDE– la carga impositiva (en relación al PIB) apenas supera el 30% -la séptima más baja de la Unión Europea-, muy lejos de los porcentajes que se registran en los países nórdicos: Finlandia (42,6%), Noruega (42,9%), Suecia (46,7%) o Dinamarca (48%). En ese mismo ránking de la OCDE sobre el esfuerzo fiscal -en el que España ocupa el puesto 22º-, Japón se sitúa en la posición 28ª (con el 26,9%) y Estados Unidos en la 32ª (24,1%).
Lo malo es que, por mucho que quisiéramos mirar para otro lado, los servicios públicos sólo son viables cuando hay suficientes ingresos con los que garantizarlos. No es casualidad que los norteamericanos, que pagan la mitad de impuestos que los daneses, disfruten de peores servicios y muchos menos subsidios y prestaciones sociales. En Dinamarca, no existen carreteras de peaje, los estudiantes reciben una beca -de más de setecientos euros mensuales- mientras dura su periodo de formación y los salarios más bajos se complementan con una ayuda pública para la vivienda, porque el estado ingresa lo suficiente como para afrontar esos gastos.
En España (y en países como Portugal, Grecia o Irlanda) hemos pretendido tomar lo mejor de cada uno de los modelos: impuestos bajos (como en Estados Unidos, Australia o Japón) y servicios sociales de calidad (como en el norte y en el centro de Europa), pero esa combinación tiene el recorrido muy corto. Más allá de algunas complejas y circunstanciales operaciones financieras, los estados no disponen de fuentes de ingresos más allá de los tributos, de manera que, si los ciudadanos no pagan, las prestaciones públicas se hacen insostenibles.
Cada vez que nos amenazan con el copago -han empezado con el sanitario, pero llegarán otros-, no hacen sino recordarnos que con lo que aportamos ya no llega y que hay que contribuir un poco más si queremos conservar el actual sistema de pensiones, la enseñanza pública, el modelo sanitario, el subsidio por desempleo o la atención a los dependientes. Porque el copago no es sino otra forma de tributación -ésta, a semejanza de los impuestos indirectos- mucho más injusta, insolidaria y regresiva, contraria al espíritu del artículo 31.1 de la constitución (“Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”). Cuando hablamos de impuestos directos -como el IRPF, por ejemplo-, cada uno aporta según su patrimonio, pero cuando el pago se hace mediante una tasa, la factura es la misma para ricos o para pobres (cuando toque pagar por visitar Urgencias -pongamos que sean quince euros-, lo que al presidente de Banca Cívica le supondrá el 0.03% de su salario semanal, al mileurista se le disparará hasta el 6%).
Es decir, que o pagamos más impuestos -directos- o lo hacemos mediante tasas, impuestos especiales -como el de los carburantes- y copagos. Pero pagar, vamos a terminar pagando. ¿O quién lo hace si no?
Siempre nos quedará el argumento de que bastaría con combatir eficazmente el fraude fiscal para evitarnos la recientemente anunciada subida impositiva (los españoles también somos líderes en urdir estrategias -más o menos legales- con las que ahorrarnos unos eurillos), o que es posible gestionar mejor y priorizar garantizando las partidas de mayor contenido y relevancia social. Cierto, pero nunca será suficiente. Si queremos servicios, tenemos que ser coherentes y costearlos.
Con la llegada del siglo XXI, se ha recuperado un debate -que parecía superado- entre los detractores y los defensores del estado del bienestar. Grupos proclives al liberalismo que -como el Tea Party– abogan por la rebaja de impuestos y, consecuentemente, por la reducción del gasto público, han reunido suficientes seguidores en Europa como para cuestionar las políticas sociales que promueven la integración y la convergencia ciudadana a través de la solidaridad, y. día a día, ganan más adeptos con sus planteamientos demagógicos: proponen la eliminación de determinados impuestos sin explicar que eso conduciría a la supresión de buena parte de la cobertura pública.
A nadie le gusta pagar impuestos (a mí, desde luego, no) y por ello es tan necesario vigilar a qué se destinan y exigir que se empleen criterios en beneficio de la mayoría. Pero una sociedad que no contribuye (y que prefiere contratar a un asesor fiscal para que le enseñe a pagar aún menos), conforma estados débiles e insolidarios.
(Eso sí. Cuando luego vemos un documental sobre Copenhague, todos -unos y otros, los que pagan y los que no- coincidimos: “-¡Qué bien se tiene que vivir en ese sitio!”)

Una crisis para volver a ser pobres

Nadie, sobre la faz de la Tierra, dudará ya de que esto de la crisis es un enorme embuste.
Llevamos tantos meses desayunando con macrocifras, previsiones y análisis, que no hay quien se trague que resultó imposible prever la actual situación, que los economistas no anticiparon que ocurriría lo que está ocurriendo y que no advirtieron a quienes tenían que activar las medidas oportunas para corregir y evitar la debacle. Entonces ¿por qué no se actuó?
El día en que las nubes se abran y dejen paso al sol -que algún día se abrirán- podremos hacer balance de los daños que ha causado el temporal y, lo que es más importante, desenmascarar a quienes han obtenido beneficio de esta etapa de turbulencias.
Los recortes -los ya aplicados y los que quedan por aplicar- van a significar un grave deterioro en los servicios básicos y estratégicos que los estados prestan a sus súbditos. La disminución de las partidas destinadas a la sanidad -por ejemplo- invitará a quien pueda permitírselo a contratar con compañías privadas. Cuando crezcan  las ratios en las escuelas públicas, desaparezcan los cheques-libro y se rebajen las ayudas y las becas, muchas familias -las que puedan pagar- acudirán a los colegios privados. Si los jubilados siguen perdiendo poder adquisitivo, aumentarán los fondos de pensiones; habrá más gimnasios privados cuantas más instalaciones públicas se cierren; más publicidad para las teles comerciales, cuantas más cadenas autonómicas abandonen sus emisiones; más peajes en las autopistas, cuanto menos atractivas sean las autovías.
Por lo tanto, la crisis servirá, fundamentalmente, para que engorden sus cuentas de resultados las grandes sociedades mercantiles cuyos mayoritarios paquetes de acciones están, curiosamente, en manos de las grandes entidades financieras, responsables en primera instancia del cataclismo económico que paradójicamente les va a hacer -más- ricos.
La sociedad occidental -en general-, Europa -en particular- y los países mediterráneos -especialmente- habrán retrocedido décadas en sus conquistas sociales cuando en un parqué se certifique el final de la crisis. Habrá que volver entonces a negociar -o a pelear- derechos que ayer adjetivábamos como irrenunciables, y habrá que volver a arrancar -pellizco a pellizco- migajas del ya añorado estado del bienestar.
La historia se repite cíclicamente, y cada vez que las clases más desfavorecidas consigan ascender un peldaño, surgirá -sorpresiva e intempestivamente- una nueva crisis para recordarles cuál es el lugar que le corresponde en la pirámide social.
Así que lo mejor es que acaben cuanto antes con esta farsa para poder empezar de nuevo.