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Hay alternativas, y lo saben

El presidente del gobierno se ha refugiado en el búnker del determinismo invencible para hacernos creer que no existen alternativas.
Cada vez que deja caer la porra sobre los maltrechos lomos de los trabajadores, nos regala la socorrida cantinela del no-hay-más-remedio. Eso y el gemidito (“-Más me duele a mí que a ti”- dice); eso y el ensayado rictus de hombre de estado que sufre con el sufrimiento de sus súbditos.
Nadie pone en duda que la situación es complicada y nadie pone en duda de que es preciso adoptar medidas extraordinarias. El Estado lleva años -muchos años- dilapidando nuestro patrimonio y nuestra herencia, y sólo ha aceptado la gravedad del problema cuando ya nadie le presta dinero para seguir tapando el despilfarro (o cuando, quien lo hace, le impone intereses leoninos). Sólo entonces ha comprendido que hay que ingresar más y que hay que gastar menos -¡vaya lumbreras!-, y se han puesto a buscar al pardillo que se haga cargo de la cuenta.
Cada vez son más los economistas -y algunos sin barba- que defienden reformas impositivas más eficaces y más justas. El catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, Viçenc Navarro -por ejemplo- calcula que se obtendrían 12.000 millones de euros sólo con recuperar algunos tributos total o parcialmente suprimidos (el impuesto sobre los grandes patrimonios, el impuesto de sociedades -para las grandes empresas- o el impuesto de sucesiones). Los técnicos del Ministerio de Hacienda -otro ejemplo- proponen recaudar 6.200 millones de euros más cada año sólo con destapar la economía sumergida, y 4.500 millones más sólo con un impuesto sobre las transacciones financieras; eso por no hablar del fraude fiscal, por donde escapan más de 40.000 millones de euros.
Por tanto, ¿quién dice que no hay alternativa a subir el IVA? En Francia, se van a aprobar impuestos especiales sobre las grandes fortunas y las grandes sucesiones, y en Estados Unidos -el paraíso de los liberales- Obama ha anunciado reformas fiscales en la misma línea.
Y aún se puede ingresar por otros conceptos. El Instituto Alemán de Investigación Económica -que no se entere la Merkel- ha propuesto que las grandes fortunas “colaboren” -por imposición- con la compra de deuda soberana, y numerosos colectivos aportan otras soluciones imaginativas (la Tasa Tobbin sería un buen ejemplo) que contribuirían a llenar la hucha.
Eso en el capítulo de ingresos. Como en el de gastos también hay que pegar pellizcos, se recorta en sanidad y en educación, se bajan los sueldos de los trabajadores públicos, las pensiones y los subsidios, se reduce el gasto público y se suprimen instituciones democráticas. Todas ellas, medidas que afectan a los mismos, a los de siempre.
A nadie se le ha ocurrido -o sí, pero sólo un rato- adelgazar otras partidas. Con la que está cayendo, la Casa Real mantiene sus más de 8,2 millones de euros de presupuesto anual, el Ministerio de Defensa sus 6.300 millones -que no sé yo de quién nos tenemos que defender, cuando el enemigo está en casa- y la Iglesia Católica conserva -sin recortes- su asignación de 160 millones de euros. Al presidente del Consejo del Poder Judicial le han congelado su jornal de 130.000 euracos -dietas y viajes a Marbella no incluidos-; los ex presidentes, su pensión vitalicia de 80.000 euretes -que no les impiden trabajar en empresas privadas de donde obtienen pingües beneficios, quizás a cambio de viejos favores- y sus señorías y señoríos, sus 4.000 euros al mes, la cama aparte -bueno, los alquileres, sólo para los de provincias-.
A nadie se le ha ocurrido que un país pobre, como España, no puede permitirse administraciones duplicadas -y triplicadas, en algunos casos-, ni cámaras repetidas -la del Senado, empieza a ser ya una reforma urgente-. No puede sostener la actual corte de asesores, jefes de gabinete y mamporreros, ni puede seguir subvencionando a tanto liberado, a tantos partidos políticos, al cuerpo de traductores y a las embajadas en Andorra. No puede, pero lo hace, y el gobierno seguirá culpando a la Merkel, a Draghi o al chachachá, y seguirá escudándose en que no hay alternativa.
Lo malo es que tiene -parcialmente- razón: mires para la derecha o mires para la izquierda, todos están escondidos detrás del mismo burladero.

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O más impuestos o menos estado

Hay verdades que molestan especialmente, pero no por ello dejan de ser ciertas, y entre ellas hay una que aparece de cuando en cuando en las portadas de los periódicos -aunque no la queramos leer-: “Los españoles pagamos pocos impuestos.”
Y ahora no me refiero al fraude o a la evasión fiscal -lo haré más abajo-, sino sencillamente a la presión tributaria. En España -según el último informe de la OCDE– la carga impositiva (en relación al PIB) apenas supera el 30% -la séptima más baja de la Unión Europea-, muy lejos de los porcentajes que se registran en los países nórdicos: Finlandia (42,6%), Noruega (42,9%), Suecia (46,7%) o Dinamarca (48%). En ese mismo ránking de la OCDE sobre el esfuerzo fiscal -en el que España ocupa el puesto 22º-, Japón se sitúa en la posición 28ª (con el 26,9%) y Estados Unidos en la 32ª (24,1%).
Lo malo es que, por mucho que quisiéramos mirar para otro lado, los servicios públicos sólo son viables cuando hay suficientes ingresos con los que garantizarlos. No es casualidad que los norteamericanos, que pagan la mitad de impuestos que los daneses, disfruten de peores servicios y muchos menos subsidios y prestaciones sociales. En Dinamarca, no existen carreteras de peaje, los estudiantes reciben una beca -de más de setecientos euros mensuales- mientras dura su periodo de formación y los salarios más bajos se complementan con una ayuda pública para la vivienda, porque el estado ingresa lo suficiente como para afrontar esos gastos.
En España (y en países como Portugal, Grecia o Irlanda) hemos pretendido tomar lo mejor de cada uno de los modelos: impuestos bajos (como en Estados Unidos, Australia o Japón) y servicios sociales de calidad (como en el norte y en el centro de Europa), pero esa combinación tiene el recorrido muy corto. Más allá de algunas complejas y circunstanciales operaciones financieras, los estados no disponen de fuentes de ingresos más allá de los tributos, de manera que, si los ciudadanos no pagan, las prestaciones públicas se hacen insostenibles.
Cada vez que nos amenazan con el copago -han empezado con el sanitario, pero llegarán otros-, no hacen sino recordarnos que con lo que aportamos ya no llega y que hay que contribuir un poco más si queremos conservar el actual sistema de pensiones, la enseñanza pública, el modelo sanitario, el subsidio por desempleo o la atención a los dependientes. Porque el copago no es sino otra forma de tributación -ésta, a semejanza de los impuestos indirectos- mucho más injusta, insolidaria y regresiva, contraria al espíritu del artículo 31.1 de la constitución (“Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”). Cuando hablamos de impuestos directos -como el IRPF, por ejemplo-, cada uno aporta según su patrimonio, pero cuando el pago se hace mediante una tasa, la factura es la misma para ricos o para pobres (cuando toque pagar por visitar Urgencias -pongamos que sean quince euros-, lo que al presidente de Banca Cívica le supondrá el 0.03% de su salario semanal, al mileurista se le disparará hasta el 6%).
Es decir, que o pagamos más impuestos -directos- o lo hacemos mediante tasas, impuestos especiales -como el de los carburantes- y copagos. Pero pagar, vamos a terminar pagando. ¿O quién lo hace si no?
Siempre nos quedará el argumento de que bastaría con combatir eficazmente el fraude fiscal para evitarnos la recientemente anunciada subida impositiva (los españoles también somos líderes en urdir estrategias -más o menos legales- con las que ahorrarnos unos eurillos), o que es posible gestionar mejor y priorizar garantizando las partidas de mayor contenido y relevancia social. Cierto, pero nunca será suficiente. Si queremos servicios, tenemos que ser coherentes y costearlos.
Con la llegada del siglo XXI, se ha recuperado un debate -que parecía superado- entre los detractores y los defensores del estado del bienestar. Grupos proclives al liberalismo que -como el Tea Party– abogan por la rebaja de impuestos y, consecuentemente, por la reducción del gasto público, han reunido suficientes seguidores en Europa como para cuestionar las políticas sociales que promueven la integración y la convergencia ciudadana a través de la solidaridad, y. día a día, ganan más adeptos con sus planteamientos demagógicos: proponen la eliminación de determinados impuestos sin explicar que eso conduciría a la supresión de buena parte de la cobertura pública.
A nadie le gusta pagar impuestos (a mí, desde luego, no) y por ello es tan necesario vigilar a qué se destinan y exigir que se empleen criterios en beneficio de la mayoría. Pero una sociedad que no contribuye (y que prefiere contratar a un asesor fiscal para que le enseñe a pagar aún menos), conforma estados débiles e insolidarios.
(Eso sí. Cuando luego vemos un documental sobre Copenhague, todos -unos y otros, los que pagan y los que no- coincidimos: “-¡Qué bien se tiene que vivir en ese sitio!”)

El G-7, o Los Siete Niños de Écija

Les llamaban Los Siete Niños de Écija. Se hacían pasar por patrióticos defensores ante las agresiones externas y aseguraban que se ocupaban de los más desfavorecidos, pero sólo eran bandoleros.
No existen testimonios sobre si Luis de Vargas lucía tez morena, pero sí está aceptado que era el líder de aquella partida. Tampoco quedan claros los orígenes de Tragabuches -¿vendría de Francia? ¿vendría de Hungría?-, aquel lugarteniente que se echó al monte después de castigar con la muerte una infidelidad de su mujer. Es conocida la indisciplina -cuasi británica- de Juan Palomo, así como la frialdad germánica y la inclemencia de Satanás. De Mala Facha se recuerda su obsesión por las mujeres; de José Candio, su habilidad para pasar desapercibido y, de El Cencerro, uno de los veteranos, que venía de las provincias orientales.
Se escondían en cuevas para planificar sus fechorías, y en las cuevas ocultaban sus botines. El engaño y la traición eran sus armas: se apostaban en las umbrías para abordar, por sorpresa y con cobardía, a quienes recorrían los caminos. No respetaban honras ni haciendas, y actuaban con alevosía y crueldad.
De cuando en cuando, entraban en poblado para repartir, a partes iguales, terror y limosnas con las que ganarse la fidelidad y el silencio de los débiles. Como fin de fiesta, acudían a la taberna y convidaban a los paisanos:
-Echa vino, montañés,
que lo paga Luis de Vargas.”
Así actúa el G-7. Los líderes de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Canadá y Japón se hacen pasar por patrióticos defensores ante las agresiones externas y aseguran que se ocupan de los más desfavorecidos.
Pero sólo son bandoleros.