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Rajoy y la teoría del caos

En 1884, para celebrar su sesenta cumpleaños, Óscar II rey de Suecia y Noruega convocó un singular concurso -siempre ha habido gente rara- en el que los participantes tenían que resolver complicados problemas matemáticos, como -por ejemplo- analizar la estabilidad del Sistema Solar y determinar especialmente cómo influye un cuerpo situado entre otros dos cuerpos celestes. El entonces joven científico Henri Poincaré aceptó el reto, pero fue para demostrar que el enigma no tenía solución, que en el universo existen sistemas caóticos, tan vulnerables a una mínima perturbación que el resultado varía en cada experimento y por lo tanto se vuelve imprevisible. Había nacido la teoría del caos.
Para que nos entendamos, la teoría del caos viene a defender que a veces no es posible establecer una inequívoca relación causa-efecto (un mismo experimento puede producir distintos resultados) porque existen factores -por muy insignificantes que puedan parecer- que modifican todo el proceso. No hay manera de pronosticar en qué número parará la bolita por mucho que la ruleta gire siempre con la misma velocidad y se repitan exactamente los mismos movimientos.
Algo parecido ocurre con la política y los gobiernos.
Aplicando la más estricta ortodoxia, los economistas elaboran un plan. Aseguran que cuando el déficit público se reduce ‘equis’, el peibé crece ‘y’, y que sólo entonces se crean ‘ene’ empleos; dicen que si se aplica el copago farmacéutico, se reducirá la deuda con los laboratorios y se saneará el sistema sanitario; explican que si se aplaza la edad de jubilación, aumentarán las cotizaciones y se frenará el gasto por prestaciones hasta llenar otra vez la caja… Pero esto es sólo el plan. Luego aparece la teoría del caos -y su acepción más popular: el efecto mariposa- para devolvernos a la realidad: el gobierno impone reformas y ajustes para recuperar la confianza de los inversores, pero un simple editorial en el Wall Street Journal -¡ay, el efecto mariposa!- dispara la inquieta prima de riesgo y hunde todos los indicadores; cada vez que a un preboste alemán le repite el pepino, los mayoristas verduleros -con perdón- europeos dejan de pasar por los invernaderos de Almería; basta con que il nuovo cavalieresiembre alguna duda, para que el íbex treinta y cinco coseche tempestades. Nada es absolutamente predecible (ni siquiera están bajo control los factores que influyen en los resultados) pero, aún así, los economistas realizan sus previsiones y los políticos aprueban sus programas, las previsiones fallan una y otra vez y los programas se modifican uno detrás de otro.
Quieren transmitir confianza y sólo nos conducen al caos. Tanto que nos hemos inmunizado. Nos hemos habituado a leer las cifras en números rojos y las previsiones en letras negras, las nóminas de arriba a abajo y la cartilla del paro de abajo a arriba; nos hemos acostumbrado a escuchar las justificaciones ante cada nuevo fracaso (cuando no es por la herencia, es culpa de los griegos, de las elecciones en Francia, de los combates en Siria, de los elefantes del rey… o del vuelo de una mariposa) y ofrecemos humildemente la otra mejilla cada vez que nos abofetean con un real decreto.
Si la crueldad de las cifras demuestra que Rodríguez Zapatero erró en su planteamiento ante la crisis, meses después la situación es aún peor: números aún más rojos, futuro aún más negro, los brotes verdes aún más lejos… y sin solución, porque el avión que acudía al rescate se ha estrellado antes de despegar. Seguimos navegando en un buque a la deriva cada vez con menos provisiones y peores previsiones, y -lo que lo agrava todo- sin rumbo ni faro al que enfilar la proa.
Nuestra única esperanza es que aparezca un remolcador (alemán o francés, americano, chino o de donde sea) y nos lleve a puerto, nos ponga a salvo del caos de la mar gruesa y de las alas de las mariposas.

O más impuestos o menos estado

Hay verdades que molestan especialmente, pero no por ello dejan de ser ciertas, y entre ellas hay una que aparece de cuando en cuando en las portadas de los periódicos -aunque no la queramos leer-: “Los españoles pagamos pocos impuestos.”
Y ahora no me refiero al fraude o a la evasión fiscal -lo haré más abajo-, sino sencillamente a la presión tributaria. En España -según el último informe de la OCDE– la carga impositiva (en relación al PIB) apenas supera el 30% -la séptima más baja de la Unión Europea-, muy lejos de los porcentajes que se registran en los países nórdicos: Finlandia (42,6%), Noruega (42,9%), Suecia (46,7%) o Dinamarca (48%). En ese mismo ránking de la OCDE sobre el esfuerzo fiscal -en el que España ocupa el puesto 22º-, Japón se sitúa en la posición 28ª (con el 26,9%) y Estados Unidos en la 32ª (24,1%).
Lo malo es que, por mucho que quisiéramos mirar para otro lado, los servicios públicos sólo son viables cuando hay suficientes ingresos con los que garantizarlos. No es casualidad que los norteamericanos, que pagan la mitad de impuestos que los daneses, disfruten de peores servicios y muchos menos subsidios y prestaciones sociales. En Dinamarca, no existen carreteras de peaje, los estudiantes reciben una beca -de más de setecientos euros mensuales- mientras dura su periodo de formación y los salarios más bajos se complementan con una ayuda pública para la vivienda, porque el estado ingresa lo suficiente como para afrontar esos gastos.
En España (y en países como Portugal, Grecia o Irlanda) hemos pretendido tomar lo mejor de cada uno de los modelos: impuestos bajos (como en Estados Unidos, Australia o Japón) y servicios sociales de calidad (como en el norte y en el centro de Europa), pero esa combinación tiene el recorrido muy corto. Más allá de algunas complejas y circunstanciales operaciones financieras, los estados no disponen de fuentes de ingresos más allá de los tributos, de manera que, si los ciudadanos no pagan, las prestaciones públicas se hacen insostenibles.
Cada vez que nos amenazan con el copago -han empezado con el sanitario, pero llegarán otros-, no hacen sino recordarnos que con lo que aportamos ya no llega y que hay que contribuir un poco más si queremos conservar el actual sistema de pensiones, la enseñanza pública, el modelo sanitario, el subsidio por desempleo o la atención a los dependientes. Porque el copago no es sino otra forma de tributación -ésta, a semejanza de los impuestos indirectos- mucho más injusta, insolidaria y regresiva, contraria al espíritu del artículo 31.1 de la constitución (“Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”). Cuando hablamos de impuestos directos -como el IRPF, por ejemplo-, cada uno aporta según su patrimonio, pero cuando el pago se hace mediante una tasa, la factura es la misma para ricos o para pobres (cuando toque pagar por visitar Urgencias -pongamos que sean quince euros-, lo que al presidente de Banca Cívica le supondrá el 0.03% de su salario semanal, al mileurista se le disparará hasta el 6%).
Es decir, que o pagamos más impuestos -directos- o lo hacemos mediante tasas, impuestos especiales -como el de los carburantes- y copagos. Pero pagar, vamos a terminar pagando. ¿O quién lo hace si no?
Siempre nos quedará el argumento de que bastaría con combatir eficazmente el fraude fiscal para evitarnos la recientemente anunciada subida impositiva (los españoles también somos líderes en urdir estrategias -más o menos legales- con las que ahorrarnos unos eurillos), o que es posible gestionar mejor y priorizar garantizando las partidas de mayor contenido y relevancia social. Cierto, pero nunca será suficiente. Si queremos servicios, tenemos que ser coherentes y costearlos.
Con la llegada del siglo XXI, se ha recuperado un debate -que parecía superado- entre los detractores y los defensores del estado del bienestar. Grupos proclives al liberalismo que -como el Tea Party– abogan por la rebaja de impuestos y, consecuentemente, por la reducción del gasto público, han reunido suficientes seguidores en Europa como para cuestionar las políticas sociales que promueven la integración y la convergencia ciudadana a través de la solidaridad, y. día a día, ganan más adeptos con sus planteamientos demagógicos: proponen la eliminación de determinados impuestos sin explicar que eso conduciría a la supresión de buena parte de la cobertura pública.
A nadie le gusta pagar impuestos (a mí, desde luego, no) y por ello es tan necesario vigilar a qué se destinan y exigir que se empleen criterios en beneficio de la mayoría. Pero una sociedad que no contribuye (y que prefiere contratar a un asesor fiscal para que le enseñe a pagar aún menos), conforma estados débiles e insolidarios.
(Eso sí. Cuando luego vemos un documental sobre Copenhague, todos -unos y otros, los que pagan y los que no- coincidimos: “-¡Qué bien se tiene que vivir en ese sitio!”)

El silencio de los corderos… griegos

Definitivamente, la democracia es una farsa.
Porque, si no, ¿cómo se explica el terremoto que han provocado Papandreu y su amago de referéndum? El griego, acorralado, no halló otra salida para huir del asedio al que le someten propios y extraños que empuñar un plebiscito como arma arrojadiza, y lejos de alcanzar su objetivo, no ha hecho otra cosa que certificar la defunción de la democracia directa (y constatar, de paso, que la ciudadanía no tiene vela ni en ese entierro).
Es cierto que los gobernantes siempre se han concedido los mecanismos necesarios para desoír la voz de quienes reclaman y para camuflar sus pancartas, pero es que en esta ocasión hemos asistido a una desvergonzada -y avergonzante– vuelta de tuerca: no se puede convocar un referéndum por la sencilla -y única- razón de que el ‘no’ ganaría aplastante y rotundamente. Es decir, que aun siendo del dominio público que el pueblo griego está absolutamente en contra de las medidas que están adoptando presuntamente en su nombre, en lugar de acomodarlas a la voluntad mayoritaria, se opta por no preguntar. Así hacen como que no lo saben.
Y es que, en esto de las consultas populares frustradas, quien más quien menos tiene algún muerto en el armario. Basta con que el político intuya que el escrutinio le será adverso para que cambie de conversación y -posando con el rictus de impostada madurez democrática- posponga el debate hasta el momento en el que el sosiego y la reflexión posibiliten alcanzar una solución satisfactoria… para él. Bienaventurados los ilusos que esperan a que Mohammed V el Alaouí convoque un referéndum en el Sáhara (consciente de que lo perdería), bienaventurados los ingenuos que confían en que la forma de gobierno en España se someterá algún día al veredicto de las papeletas (supongo que encuestas habrá que recomienden dejarse de aventuras), bienaventurados los independentistas que sueñan con urnas preñadas de votos autodeterminacionistas. Bienaventurados porque de ellos será siempre el reino de la queja.
A Clarice Starling (la poli del libro de Thomas Harris que yo tampoco he leído) no le atormentaban los balidos de los corderos, sino el método de silenciarlos que empleaba el matarife. En nuestro caso -no hay que exagerar- la sordina no proviene del cuchillo censor, pero tampoco esperen que les faciliten un altavoz con el que amplificar los gritos. Antes al contrario. Si Walter Lippmann descubrió el rebaño desconcertado (“del que hemos de protegernos cuando brama y pisotea”) y Noam Chomsky advirtió sobre la utilización del pensamiento único y la fabricación del consenso como remedio para domeñar a ese rebaño perplejo, ahora -cuando parecía querer elevar el tono y el volumen de la queja- asistimos a su silenciamiento, programado, consensuado y consentido.
Claro que comprendo el asombrado estupor de los líderes mundiales ante el anuncio de una consulta popular tan gratuita. Si sólo se trataba de conocer la opinión de la calle, ¿para qué preguntar, cuando ya se conocía la respuesta?