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O más impuestos o menos estado

Hay verdades que molestan especialmente, pero no por ello dejan de ser ciertas, y entre ellas hay una que aparece de cuando en cuando en las portadas de los periódicos -aunque no la queramos leer-: “Los españoles pagamos pocos impuestos.”
Y ahora no me refiero al fraude o a la evasión fiscal -lo haré más abajo-, sino sencillamente a la presión tributaria. En España -según el último informe de la OCDE– la carga impositiva (en relación al PIB) apenas supera el 30% -la séptima más baja de la Unión Europea-, muy lejos de los porcentajes que se registran en los países nórdicos: Finlandia (42,6%), Noruega (42,9%), Suecia (46,7%) o Dinamarca (48%). En ese mismo ránking de la OCDE sobre el esfuerzo fiscal -en el que España ocupa el puesto 22º-, Japón se sitúa en la posición 28ª (con el 26,9%) y Estados Unidos en la 32ª (24,1%).
Lo malo es que, por mucho que quisiéramos mirar para otro lado, los servicios públicos sólo son viables cuando hay suficientes ingresos con los que garantizarlos. No es casualidad que los norteamericanos, que pagan la mitad de impuestos que los daneses, disfruten de peores servicios y muchos menos subsidios y prestaciones sociales. En Dinamarca, no existen carreteras de peaje, los estudiantes reciben una beca -de más de setecientos euros mensuales- mientras dura su periodo de formación y los salarios más bajos se complementan con una ayuda pública para la vivienda, porque el estado ingresa lo suficiente como para afrontar esos gastos.
En España (y en países como Portugal, Grecia o Irlanda) hemos pretendido tomar lo mejor de cada uno de los modelos: impuestos bajos (como en Estados Unidos, Australia o Japón) y servicios sociales de calidad (como en el norte y en el centro de Europa), pero esa combinación tiene el recorrido muy corto. Más allá de algunas complejas y circunstanciales operaciones financieras, los estados no disponen de fuentes de ingresos más allá de los tributos, de manera que, si los ciudadanos no pagan, las prestaciones públicas se hacen insostenibles.
Cada vez que nos amenazan con el copago -han empezado con el sanitario, pero llegarán otros-, no hacen sino recordarnos que con lo que aportamos ya no llega y que hay que contribuir un poco más si queremos conservar el actual sistema de pensiones, la enseñanza pública, el modelo sanitario, el subsidio por desempleo o la atención a los dependientes. Porque el copago no es sino otra forma de tributación -ésta, a semejanza de los impuestos indirectos- mucho más injusta, insolidaria y regresiva, contraria al espíritu del artículo 31.1 de la constitución (“Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”). Cuando hablamos de impuestos directos -como el IRPF, por ejemplo-, cada uno aporta según su patrimonio, pero cuando el pago se hace mediante una tasa, la factura es la misma para ricos o para pobres (cuando toque pagar por visitar Urgencias -pongamos que sean quince euros-, lo que al presidente de Banca Cívica le supondrá el 0.03% de su salario semanal, al mileurista se le disparará hasta el 6%).
Es decir, que o pagamos más impuestos -directos- o lo hacemos mediante tasas, impuestos especiales -como el de los carburantes- y copagos. Pero pagar, vamos a terminar pagando. ¿O quién lo hace si no?
Siempre nos quedará el argumento de que bastaría con combatir eficazmente el fraude fiscal para evitarnos la recientemente anunciada subida impositiva (los españoles también somos líderes en urdir estrategias -más o menos legales- con las que ahorrarnos unos eurillos), o que es posible gestionar mejor y priorizar garantizando las partidas de mayor contenido y relevancia social. Cierto, pero nunca será suficiente. Si queremos servicios, tenemos que ser coherentes y costearlos.
Con la llegada del siglo XXI, se ha recuperado un debate -que parecía superado- entre los detractores y los defensores del estado del bienestar. Grupos proclives al liberalismo que -como el Tea Party– abogan por la rebaja de impuestos y, consecuentemente, por la reducción del gasto público, han reunido suficientes seguidores en Europa como para cuestionar las políticas sociales que promueven la integración y la convergencia ciudadana a través de la solidaridad, y. día a día, ganan más adeptos con sus planteamientos demagógicos: proponen la eliminación de determinados impuestos sin explicar que eso conduciría a la supresión de buena parte de la cobertura pública.
A nadie le gusta pagar impuestos (a mí, desde luego, no) y por ello es tan necesario vigilar a qué se destinan y exigir que se empleen criterios en beneficio de la mayoría. Pero una sociedad que no contribuye (y que prefiere contratar a un asesor fiscal para que le enseñe a pagar aún menos), conforma estados débiles e insolidarios.
(Eso sí. Cuando luego vemos un documental sobre Copenhague, todos -unos y otros, los que pagan y los que no- coincidimos: “-¡Qué bien se tiene que vivir en ese sitio!”)
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Matar al mensajero

Artur Mas, Esperanza Aguirre y Josep Antoni Duran son unos bocazas. Hay muchos más, pero estos tres se han ganado a pulso la nominación gracias a su obstinación en obtener réditos electorales ridiculizando y/o criticando a los andaluces. Dicho esto -e insistiendo en la inoportunidad de determinadas declaraciones-, no comparto que la mejor respuesta a sus agravios sea matar al mensajero.
A mí también me irrita que el molt honorable se burle de los alumnos andaluces como argumento para defender su modelo educativo, pero más que los excesos del rey Artur me preocupa que el último Informe PISA sitúe a nuestra comunidad a la cola de España y demasiado lejos de la media de los países de la OCDE.
Me indigné cuando la condesa de Murillo llamó gallinas –“pitas, pitas, pitas”– a los campesinos andaluces, pero rechazar las salidas de tono de doña Esperanza no implica conformarse con que decenas de miles de jornaleros dependan de los subsidios agrarios (llámense PER, AEPSA, PROFEA, FEIL, FEESL… o cualquier otra combinación de letras).
No voy a disculpar al eterno candidato a ministro cuando asegura que le cargan a él la cuenta del bar de todos los parados de Andalucía, pero que haya pillado a Duran en un renuncio no supone que tenga que asentir cuando leo que la tercera parte de los desempleados ha rechazado una oferta de trabajo en los últimos tres meses.
Resulta mezquino aprovechar el bajo nivel de nuestros estudiantes o las dificultades que atraviesan los jornaleros, para crecer unas décimas en las encuestas de intención de voto, pero no es esa utilización espuria la que ha ofendido la dignidad colectiva de los andaluces -lamentablemente, ya estamos habituados- sino la identidad y el origen de quienes han aireado nuestros trapos sucios.
Nosotros contamos chistes de leperos, nos pasamos horas aplaudiendo a Juan y Medio -versión abuelos y versión nietos– y derrochamos arte pa’ rabiar cuando se trata de animar la boda de la señora duquesa, pero nos da una alferecía cuando un  catalán nos dibuja con sombrero cordobés y bailando sevillanas. ¿Quién no conoce a un trabajador en activo que esté cobrando al mismo tiempo una nómina (en negro) y un subsidio de desempleo? Aquí nadie denuncia nada, pero nos parece intolerable que venga otro de fuera a echárnoslo en cara.
Tenemos identificados nuestros problemas, somos conscientes de nuestros defectos y conocemos nuestras fullerías, pero no se nos ocurre otra alternativa que denunciar al denunciante, a sabiendas de que matar al mensajero no soluciona nada, por muy bocazas que sea. Y esos -que conste- lo son.