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Rescate y fracaso

Mientras los tirios y los troyanos discernían si eran galgos o si eran podencos (“-Ministro, tacha ‘rescate’ y di ‘apoyo financiero’, a ver si cuela”), los hombres de negro cruzaban la frontera conduciendo centenares de furgones blindados cargados de lingotes de oro. Lo llamen como lo llamen.
Tras meses de asedio, el gobierno ha entregado  las llaves. Ha rendido la plaza, ha franqueado el paso que con tanto empeño -¿cómo se dice ‘orgullo’ en alemán?- defendió, ha abierto los ventanales y ha enseñado sus vergüenzas. Ha reconocido –urbi et orbi– el pecado que todos conocían: este país no puede salir del agujero sin ayuda.
Es cierto que se trata de una intervención singular (en realidad, es casi más un préstamo que un rescate), pero uno de sus efectos -quizás el más temido- se mantiene y puede resultar demoledor. Por mucho que algún ministro piense que todos nos hemos caído del guindo, no hay peor manera de convencer a los especuladores de que es seguro invertir en España que asomarse al balcón y pregonar nuestras miserias.
Y, si no, ¿por qué se ha esperado tanto? ¿Cuánto dinero ha costado a las arcas públicas estas semanas de innecesaria -según el gobierno- incertidumbre? Y, si no ha existido ultimátum por parte de los socios, ¿por qué tantas prisas de última hora? ¿Había que dar la rueda de prensa en el descanso del Holanda-Dinamarca? (Por lo menos, terminó antes de que empezara el Alemania-Portugal). Y -la prueba más concluyente- si de verdad se trata de una buena noticia, si es la solución para todos nuestros males ¿dónde estaba Rajoy?
Europa ha colocado un cobrador del frac en la puerta de La Moncloa, y eso -lo diga Agamenón o su porquero- es un fracaso. Fracaso de un estado con complejo de inferioridad, que acaba de ingresar -por méritos propios- en el Club de los Morosos. Fracaso de un gobierno sin recursos, que termina por admitir su incapacidad para hacer aquello a lo que vinieron, y que ahora ve cuestionado un ineficaz programa de ajustes. Fracaso de un presidente titubeante y desnortado, que cambia constante e irresponsablemente de opinión y de criterio, y que se ha instalado sin pudor en la corrección y en la improvisación continuas.
Lo adornen como lo adornen, este rescate -perdón, este generoso apoyo al sistema financiero- no era la solución reclamada. El ejecutivo lleva semanas mendigando unos eurobonos con los que obtener sus propios recursos a precio de buen pagador, y todavía se escuchan las carcajadas con las que respondió la kaiseresa. Reclamó después una legislación a medida bajo la que camuflar el salvamento (“-Sálvame este banco, hombre, que hoy no llevo suelto.”) pero la Unión Europea le dejó bien clarito quién puede exigir excepciones y quién no. Al final, no le quedó más remedio que aceptar un plato de lentejas -si quieres, las comes…- al que, aunque tenga mejor pinta que los que les sirvieron a Irlanda y a Portugal, se le adivina una pesada digestión y hasta un cólico electoral.
España ha claudicado y ha asumido su papel. Lo llamen como lo llamen.

O más impuestos o menos estado

Hay verdades que molestan especialmente, pero no por ello dejan de ser ciertas, y entre ellas hay una que aparece de cuando en cuando en las portadas de los periódicos -aunque no la queramos leer-: “Los españoles pagamos pocos impuestos.”
Y ahora no me refiero al fraude o a la evasión fiscal -lo haré más abajo-, sino sencillamente a la presión tributaria. En España -según el último informe de la OCDE– la carga impositiva (en relación al PIB) apenas supera el 30% -la séptima más baja de la Unión Europea-, muy lejos de los porcentajes que se registran en los países nórdicos: Finlandia (42,6%), Noruega (42,9%), Suecia (46,7%) o Dinamarca (48%). En ese mismo ránking de la OCDE sobre el esfuerzo fiscal -en el que España ocupa el puesto 22º-, Japón se sitúa en la posición 28ª (con el 26,9%) y Estados Unidos en la 32ª (24,1%).
Lo malo es que, por mucho que quisiéramos mirar para otro lado, los servicios públicos sólo son viables cuando hay suficientes ingresos con los que garantizarlos. No es casualidad que los norteamericanos, que pagan la mitad de impuestos que los daneses, disfruten de peores servicios y muchos menos subsidios y prestaciones sociales. En Dinamarca, no existen carreteras de peaje, los estudiantes reciben una beca -de más de setecientos euros mensuales- mientras dura su periodo de formación y los salarios más bajos se complementan con una ayuda pública para la vivienda, porque el estado ingresa lo suficiente como para afrontar esos gastos.
En España (y en países como Portugal, Grecia o Irlanda) hemos pretendido tomar lo mejor de cada uno de los modelos: impuestos bajos (como en Estados Unidos, Australia o Japón) y servicios sociales de calidad (como en el norte y en el centro de Europa), pero esa combinación tiene el recorrido muy corto. Más allá de algunas complejas y circunstanciales operaciones financieras, los estados no disponen de fuentes de ingresos más allá de los tributos, de manera que, si los ciudadanos no pagan, las prestaciones públicas se hacen insostenibles.
Cada vez que nos amenazan con el copago -han empezado con el sanitario, pero llegarán otros-, no hacen sino recordarnos que con lo que aportamos ya no llega y que hay que contribuir un poco más si queremos conservar el actual sistema de pensiones, la enseñanza pública, el modelo sanitario, el subsidio por desempleo o la atención a los dependientes. Porque el copago no es sino otra forma de tributación -ésta, a semejanza de los impuestos indirectos- mucho más injusta, insolidaria y regresiva, contraria al espíritu del artículo 31.1 de la constitución (“Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”). Cuando hablamos de impuestos directos -como el IRPF, por ejemplo-, cada uno aporta según su patrimonio, pero cuando el pago se hace mediante una tasa, la factura es la misma para ricos o para pobres (cuando toque pagar por visitar Urgencias -pongamos que sean quince euros-, lo que al presidente de Banca Cívica le supondrá el 0.03% de su salario semanal, al mileurista se le disparará hasta el 6%).
Es decir, que o pagamos más impuestos -directos- o lo hacemos mediante tasas, impuestos especiales -como el de los carburantes- y copagos. Pero pagar, vamos a terminar pagando. ¿O quién lo hace si no?
Siempre nos quedará el argumento de que bastaría con combatir eficazmente el fraude fiscal para evitarnos la recientemente anunciada subida impositiva (los españoles también somos líderes en urdir estrategias -más o menos legales- con las que ahorrarnos unos eurillos), o que es posible gestionar mejor y priorizar garantizando las partidas de mayor contenido y relevancia social. Cierto, pero nunca será suficiente. Si queremos servicios, tenemos que ser coherentes y costearlos.
Con la llegada del siglo XXI, se ha recuperado un debate -que parecía superado- entre los detractores y los defensores del estado del bienestar. Grupos proclives al liberalismo que -como el Tea Party– abogan por la rebaja de impuestos y, consecuentemente, por la reducción del gasto público, han reunido suficientes seguidores en Europa como para cuestionar las políticas sociales que promueven la integración y la convergencia ciudadana a través de la solidaridad, y. día a día, ganan más adeptos con sus planteamientos demagógicos: proponen la eliminación de determinados impuestos sin explicar que eso conduciría a la supresión de buena parte de la cobertura pública.
A nadie le gusta pagar impuestos (a mí, desde luego, no) y por ello es tan necesario vigilar a qué se destinan y exigir que se empleen criterios en beneficio de la mayoría. Pero una sociedad que no contribuye (y que prefiere contratar a un asesor fiscal para que le enseñe a pagar aún menos), conforma estados débiles e insolidarios.
(Eso sí. Cuando luego vemos un documental sobre Copenhague, todos -unos y otros, los que pagan y los que no- coincidimos: “-¡Qué bien se tiene que vivir en ese sitio!”)

Cerremos Garoña

Aunque sólo sea por estética, cerremos Garoña. Por lo que representa.
Garoña representa el pasado. Un pasado de ministros de camisa azul con banda cruzada al pecho que presumían de autarquía, régimen y prosperidad.
Garoña representa el derroche. Representa la voracidad energética que no duda en multiplicar los watios por kilos, por megas, por gigas… y ya inventaremos máquinas para consumirlos.
Garoña representa el chantaje. El temor a que se agoten los cheques, las nóminas y los subsidios lleva décadas ocultando aterradores informes sanitarios y concluyentes estadísticas sobre la incidencia de la radiación en la salud de los habitantes de la comarca.
Garoña representa el egoísmo. ¿Es esta la herencia que queremos legar a las generaciones futuras? ¿Un medio ambiente esquilmado, contaminado, agotado, inhabitable…?
Y, por si fuera poco, los escasos argumentos que se aportan a favor de su continuidad son falsos o están tendenciosamente manipulados:
Mienten quienes dicen que el cierre de Garoña nos hará depender de Francia en materia energética. ¿Acaso esos escasos cuatro mil gigawatios son la salvación? Y, si fuera cierto, ¿por qué estamos exportando energía a Portugal y a Marruecos?
Manipulan quienes aseguran que el cierre de Garoña se notará en el recibo de la luz. ¿Subieron -especialmente- las tarifas tras el cierre de Vandellós (en 1990) o de Zorita (en 2006)?
Ocultan la verdad quienes declaran que Garoña es una central segura. ¿Ya han olvidado los innumerables ‘pequeños’ incidentes, los vertidos de aguas radiactivas al Ebro, las nueve paradas no programadas que se han registrado en lo que va de año? Varios componentes internos de la vasija del reactor sufren agrietamiento múltiple por corrosión, que ya afecta al 70% de las canalizaciones del sistema de frenado de la reacción nuclear.
Ponen en duda su propia credibilidad quienes certifican que las centrales nucleares no contaminan. Hay estudios más que suficientes para, al menos, ser prudentes y cuestionar la inocuidad de las emisiones, y para poner en duda nuestra capacidad de neutralizar los vertidos, los residuos y los desechos.
Podemos vivir sin Garoña, una instalación diseñada (con la tecnología de 1966) para resistir 40 años, y dimensionada (bajo los parámetros de viabilidad económica de 1970) para ser amortizada en 40 años.
Garoña ha cubierto su etapa. Gris, sucia y despreciable. Ahora toca cerrar Garoña.