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IU, incumplimiento de contrato

El peso de la púrpura ha terminado por desnortar a Izquierda Unida.
Al final, la rebelión prometida ha resultado ser interna y la han protagonizado los representantes de esta formación política en el Parlamento de Andalucía: han prendido las antorchas y han metido fuego a su propio programa electoral. Quienes presumen de ser los -únicos y genuinos- defensores de la clase obrera, han decidido bendecir con sus votos, necesarios e imprescindibles, la enésima agresión a los derechos de los trabajadores.
Llevan años asegurando que existen alternativas y que la salida está a la izquierda (al fondo, pero a la izquierda). Años prestándole el megáfono a todo el que ha querido gritar, y situando su pancarta al frente de cualquier movilización. Años luciendo camisetas verdes, moradas y rojas (“-Con este tipín, cualquier cosa me sienta bien.”); años ideando eslóganes, años acompañando encierros y sentadas… y han bastado cien días rascando en el banco azul para sacarles los colores.
Su líder -donde dije digo, digo Diego- Valderas ha sufrido un repentino ataque de amnesia -alguna sustancia estupefaciente, que le habrán echado en la cartera vicepresidencial– para argumentar, sin vergüenza, las mismas justificaciones que él mismo criticó (“-No, si no soy yo. Es el PP, que me obliga”, “-No os preocupéis que, en cuanto haya pasta, os pagamos todo de golpe”).
Una pérdida -selectiva- de memoria que le ha permitido olvidar aquellas viejas demandas: más gasto público, lucha contra el fraude fiscal, reducción de altos cargos, reforma de la administración paralela, negociación colectiva y acuerdo con los sindicatos, protección social, impuestos para los más ricos (por cierto, el impuesto sobre campos de golf va a dar mucho que hablar), persecución de la economía sumergida… Aquellas propuestas que convencieron a tantos en las últimas elecciones y que le permitieron crecer más de un 37% en el número de votos (pasaron de 317.562 a 437.445) y duplicar el número de asientos (de 6 a 12).
Izquierda Unida ha cambiado de catecismo, pero sólo en Andalucía. En el resto de España, se mantiene en la otra orilla y rechaza las propuestas que exclusivamente defiende en el Hospital de las Cinco Llagas, con el argumento -casi de Estado- de que es la única manera de sostener al mismo gobierno que llevan treinta años intentando desbancar.
Izquierda Unida no ha entendido el mensaje (“¡No es eso, no es eso!”, que escribió Ortega y Gasset) y ha apostado a una carta -la más alta- buena parte de su credibilidad presente y futura. Temerariamente, ha decidido cambiar por un plato de lentejas el contrato que firmó el 25 de marzo con sus electores, y ni el clamor de propios ni el estupor de propios y extraños han movido el fiel de una balanza demasiado desequilibrada por el peso de los coches oficiales.
Coches que no aliviarán la travesía del desierto cuando, dentro de cuatro años, los votantes les demanden por incumplimiento de contrato.
Epílogo
El artículo 259 de la Constitución de Colombia proclama: “Quienes elijan gobernadores y alcaldes, imponen por mandato al elegido el programa que presentó al inscribirse como candidato”. O sea, que el programa electoral es de obligado cumplimiento para los políticos colombianos.
En España, un auto del Tribunal Supremo dictado en 2005 -que ha sentado jurisprudencia- determinó que “las ‘promesas electorales’ y su cumplimiento forman parte esencial de la acción política, enmarcada en principios de libertad de hacer o no hacer […] que escapan al control jurisdiccional”. Es decir, que los políticos españoles pueden decidir libremente por dónde se pasan el programa con que se presentan a las elecciones. Y así nos va.
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Los huérfanos de Rajoy

ImagenVale que el poder desgasta. Vale que la realidad del ejercicio de gobierno difícilmente puede corresponderse -ciento por ciento- con la utópica idealización que previamente dibuja negro sobre blanco el gabinete electoral. Vale que, cada vez que un nuevo inquilino revuelve el doble fondo de los cajones y levanta las alfombras de su nuevo despacho, se encuentra con obstáculos insorteables que le conducen irremisiblemente hacia rutas indeseadas.

Todo eso vale, pero es que los seis primeros meses de Rajoy han superado las peores expectativas.

El presidente del gobierno ha conseguido, en sólo ciento ochenta días, agotar buena parte de su crédito, defraudar a su electorado, rearmar a sus opositores y vaciar de argumentos a sus más inquebrantables e incondicionales defensores.

Según el último barómetro del CIS (publicado en mayo de 2012), el 56% de quienes votaron al PP el pasado mes de noviembre creen que la actual situación económica es peor que cuando los populares desembarcaron -hace ahora un año- en la mayoría de los ayuntamientos y comunidades autónomas, y el 42% de esos votantes opinan que la situación política hoy es ‘mala’ o ‘muy mala’ (a modo de anécdota, el 2% de los electores del PP cree que el principal problema de España es su gobierno).

Mariano Rajoy lleva más de un año -desde la campaña de las municipales, por lo menos- reclamando su derecho a gobernar, para solucionar los problemas de la nación; reivindicando un masivo apoyo popular con el que activar su fórmula mágica, su receta para generar confianza en los inversores, incentivar la creación de empresas, crear puestos de trabajo, optimizar los recursos y mejorar los servicios públicos. Una ecuación milagrosa basada en recortes y repagos que, lejos de reportar beneficios, no ha hecho sino aunar a sectores de lo más variopinto en la tribuna de las quejas.

La política fiscal (la subida del IRPF y la del IBI, y la del IVA, que viene) ha roto los esquemas a los empresarios y a los liberales -tanto monta, monta tanto- otrora fieles escuderos de Rajoy, Los recortes en la administración pública (menos sueldo, más horas, menos derechos) han rebelado a los funcionarios, interinos, laborales y eventuales, empezando por el grupo E y terminando por el Grupo A. Los desempleados que votaron a Rajoy confiando en que les buscaría un trabajo, se han encontrado con que, en lugar de eso, les reduce las prestaciones, y los pensionistas que esperaban garantizar sus pagas (“-¡La Caja de la Seguridad Social se hunde!”-, decían) tienen ahora que aflojar la mosca, cuando retiran la nifedipina y el omeprazol. Los emprendedores esperan y desesperan, y hasta las víctimas del terrorismo se quejan de sus desaires.

Ni se ha acabado con la corrupción, ni con el despilfarro autonómico. Ni se han terminado las injerencias (los nombramientos en la RTVE y en el CGPJ son sólo dos ejemplos), ni los despropósitos. Como siempre, gana la banca y pierden los desahuciados, bajan los créditos y suben los ERE, y el país sigue sin pintar nada ni en Europa ni en el mundo (bueno, en el mundo sí: don Mariano ya es presidente de las Islas Salomón).

Rajoy ha sembrado España de huérfanos -de huérfanos políticos, se entiende-, de ingenuos electores que creyeron sus promesas, que confiaron en sus soluciones y que depositaron en su gestión lo que les quedaba de confianza. Votos prestados para impulsar un cambio de rumbo que ha resultado ser un giro hacia ninguna parte.

Y, mientras, el presidente calla y se refugia en el burladero, e insta a sus subalternos a que intenten ocuparse del miura, ante el pasmo del personal que -desde el sol y desde la sombra- no acierta a entender cómo le han metido en esta faena.

Pocos cambios… afortunadamente

Los meses que antecedieron a la inauguración de la feria de 2012 estuvieron cargados de incertidumbres y expectativas. El actual equipo de gobierno municipal esbozó y avanzó, en los años que ocupó la bancada de la oposición, un modelo de feria sustancialmente distinto al que se encontró en mayo de 2011, sobre todo en dos aspectos: la duración del festejo y la tipología de las casetas. Dos elementos clave, indisolublemente unidos, que en esta edición apenas si se han visto modificados en la supresión de un día de fiesta (que, en la práctica, se ha reducido a algunas horas) y en la ampliación de las franjas de acceso restringido para las casetas. Tímidos cambios éstos que se quedarían en mera anécdota si no fuera porque apuntan indefectiblemente a lo que está por venir.

En su programa electoral, el Partido Popular apostó por una feria más corta (“siete días -en realidad, son seis-, comenzando el lunes por la noche con el alumbrado y los fuegos, y concluyendo el domingo siguiente”) y más amplia (hasta llegar a las “doscientas casetas”), sin reparar en que se trata de un binomio irreconciliable: si las casetas han abandonado El Arenal (llegó a haber 180 casetas en 1994) por lo difícil de recuperar los gastos del montaje, no regresarán cuando haya menos ocasión para hacer caja. A pesar de ello, la feria de este 2012 ha iniciado esta complicada senda.
La feria exige cambios (basta con ir el lunes o el martes de farolillos a pisar el -cada vez más escaso- albero, para constatarlo), pero no en el calendario o en el color de las fachadas, sino en sus cimientos. Las mejoras necesarias tienen que comenzar por el propio recinto ferial (sombras para la feria de día, aceras para los peatones y calzadas para los caballos) y por la forma de acceder a él (transporte público eficaz, viales y aparcamientos), como se ha hecho en otras ciudades de nuestro entorno. Con esa base, con las calles de El Arenal a rebosar, se podrán introducir cuantas reformas se vea conveniente. Entonces, y sólo entonces, se podrán instalar más casetas (y dejar unas más abiertas y otras más cerradas, unas para los más jóvenes y otras para los más flamencos) y será posible prescindir del primer fin de semana. Entonces, y sólo entonces, se podrá aspirar a la feria plural, viva y de calidad que todos perseguimos.
Puede ser que la intención del Ayuntamiento sea otra y que sólo la coyuntura económica haya recomendado posponer planes más ambiciosos, pero la realidad es que la feria de 2012 sólo ha variado -y mínimamente- en lo accesorio, y que la sensación es de que se pretende parchear en lo superfluo sin remover las estructuras. Mientras siga siendo así, los cambios, cuantos menos, mejor.

El plato de lentejas (o ¿Debe de pactar Izquierda Unida?)

PSOE e Izquierda Unida nunca se han llevado bien.

En 1920, un grupo de jóvenes socialistas (entre ellos, Dolores Ibárruri) fundó el Partido Comunista Español; un año más tarde, un grupo de afiliados del PSOE -alguno de ellos, dirigente y fundador, junto a Pablo Iglesias- se escindió para crear el PCOE (Partido Comunista Obrero Español). En marzo de 1922, las dos formaciones recién constituidas se unieron en el primer congreso del Partido Comunista de España.
Noventa años llevan PSOE e Izquierda Unida compitiendo y disputándose el mismo territorio de caza, distanciándose y acercándose en lo ideológico, sumando fuerzas (en contadas ocasiones) y negándose mayorías (las más de las veces). El partido de los comunistas nació y creció por la frustración de los socialistas desencantados, aunque ahora -sobre todo en las últimas décadas- los trasvases suelen llevar la dirección contraria.
Casi un siglo de convivencia en el que ha habido más desencuentros que cooperación, más deslealtad que auxilio. Únicamente han compartido consejo de ministros entre 1936 y 1939 (sólo cuando Largo Caballero exigió al PCE que se implicara en el gobierno, aceptaron sendas carteras Jesús Hernández Tomás -diputado por Córdoba- y Vicente Uribe), prólogo de un rimero de colaboraciones más obligadas que pretendidas. No supieron -ni quisieron- entenderse durante la dictadura (cuando el PCE era el Partido) ni en los albores de la transición (los comunistas impulsaron la Junta Democrática -en 1974- y los socialistas, la Plataforma de Convergencia -en 1975-), rivalidad que alcanzó su cénit cuando Felipe González aconsejó a Adolfo Suárez (28 de noviembre de 1976) que no legalizara el partido de Santiago Carrillo, que esperara hasta que la democracia estuviera consolidada. [Cinco meses después -9 de abril de 1977-, se produjo la legalización, probablemente para promover la división del electorado de izquierdas]
A partir de 1977, PSOE y PCE (desde 1986, Izquierda Unida) se han repartido -bien es cierto que de manera muy desigual- los mismos votos: cuando uno crece, pierde apoyos el otro; cuando se desgasta uno, el otro se recupera. Los dos intentan pescar en piscina ajena y celebran como triunfos propios los fracasos del vecino.
En este periodo, a Izquierda Unida le ha ido mejor cuanto más se ha alejado del partido socialista. Su época dorada (1993-1996) coincide con la consolidación de Julio Anguita en el liderazgo de la formación. En ese periodo, cuando el Califa predica que el PSOE se encuentra en la otra orilla (junto al Partido Popular), IU rompe sus techos y llega a sumar 2,5 millones de votos y 3.500 concejales en las Municipales de 1995 (en 2011: 900 mil votos y 900 concejales menos), y 2,6 millones de votos en la Generales de 1996 (ni Gerardo Iglesias -diez años antes- ni Gaspar Llamazares -doce años después- alcanzaron el millón); ese año, Izquierda Unida contó con 21 diputados en el Congreso -casi como en el 79-, una renta que se fue desvaneciendo convocatoria tras convocatoria (de 21 a 8, de 8 a 5, de 5 a 2).
En el Parlamento de Andalucía, Izquierda Unida mantiene su plusmarca personal en las veinte actas obtenidas en 1994. Hoy, con ocho parlamentarios menos, se debate entre desembarcar con sus doce escaños en la orilla del PSOE o ponerse de perfil y permitir que el enemigo común acceda al trono. Un debate con muchos pros y muchos contras.
Las coaliciones cuestan, y cuestan más al socio minoritario: los electores suelen castigar ese voto diferido –“Para que tú entregues mi voto, lo entrego yo, directamente”– y las disensiones internas desangran y dejan cicatrices indelebles. En este caso, IU lleva treinta años criticando a quienes ahora le convocan a la reunión de los martes, treinta años recriminando aptitudes y actitudes, treinta años soportando rodillos y desaires. Treinta años y ninguna garantía de que los próximos cuatro vayan a ser radicalmente distintos y de que la mancha de grasa que ellos mismos denunciaron no les acabe pringando.
En el otro platillo de la balanza está el plato de lentejas. Por mucho que Izquierda Unida insista en que sólo formará parte del gobierno andaluz para hacerlo girar a la izquierda, a nadie se le escapa lo que supondría entrar en ese gabinete, la relevancia de gestionar presupuestos y la importancia de designar cargos públicos. Además, gobernar -siempre que gobiernen bien- aunque sea sólo un par de áreas, les aportará el marchamo de calidad y credibilidad que hasta ahora se les ha negado, y que adornará su currículum en la próxima cita con las urnas. Tienen la oportunidad de demostrar que el programa electoral de IU es algo más que una interesante -pero utópica- declaración de intenciones.
Los ortodoxos de la teoría de las orillas y los exégetas del ideario prefieren no beber de ese cáliz pero, con la que está cayendo, ¿quién desprecia unas lentejas? Cuesten lo que cuesten.

Las elecciones del miedo

Las del próximo domingo son las elecciones del miedo. Las del miedo a perder.
En ellas, el PSOE se juega mucho más que el gobierno. Si las urnas le arrebatan el último fortín, la derrota arrastrará a cientos -quizás a miles- de puestos de trabajo (en su mayoría, altos cargos) poco o nada habituados a enviar currículums. Si el PSOE pierde estas elecciones, se avecinan días convulsos, de crueles luchas cainitas para conquistar los cada vez más exiguos reductos de poder.
El otrora todopoderoso partido socialista se ha ido desgarrando elección tras elección. Ha ido desalojando ayuntamientos y diputaciones, juntas de gobierno y consejos de administración. La formación que hace más de un siglo fundara Pablo Iglesias para revolucionar las estructuras del estado es hoy una máquina de gobernar aterrada ante la posibilidad del último desahucio.
También se lo juega todo el Partido Popular. Al menos el PP de Andalucía. Nunca ha tenido tan al alcance de la mano -y probablemente, nunca lo tendrá- rendir esta plaza, frente a un rival vencido en las encuestas, acosado en los tribunales, vapuleado en los periódicos y cuestionado en las calles; un sparring de brazos caídos que sólo aspira al combate nulo para pedir la revancha.
Y aún así, el Partido Popular podría perder este tren. Arenas, que lleva desde los treinta y tantos aspirando al cetro, es consciente de que no tiene más balas en la recámara y de que ha puesto toda la carne en el asador, pero también sabe que tras la noche en que la aritmética de las urnas le corone -esta vez, sí- campeón, puede despertar con el regusto amargo que en ocasiones dejan las ententes postelectorales.
Para el PP, el gobierno de la Junta de Andalucía es algo más que el paraíso prohibido. Igual que su conquista significaría un golpe moral del que sus oponentes tardarían años en recuperarse, un nuevo fracaso -como en Covadonga- insuflaría ánimos al rival exánime, aunque -como en Covadonga- la reconquista tenga que esperar. Además, el gobierno central confía en esta victoria para evitar cuatro años de inhóspita cohabitación, con un PSOE atrincherado -por voluntad propia- y radicalizado -por la de sus más que previsibles socios de gobierno-.
Los sesudos analistas aseguran que no hay lugar para la sorpresa y que el suelo electoral del Partido Popular supera holgadamente el peldaño de la mayoría absoluta. Pero, cuando se apagan los focos y se termina el posado, asoma en los rostros -de unos y de otros- el rictus del miedo.

El coro de Rubalcaba

De todas las estampas que nos ha regalado el congreso federal del PSOE, retengo en la retina una que, a modo de epílogo, resume la actual situación de esta formación política: la de los compromisarios socialistas puestos en pie cantando la Internacional.
Mientras unos elevaban el puño izquierdo, otros alzaban el brazo derecho; había quien se desgañitaba a voz en grito –“¡Arriba, parias de la tierra!”– y quien aprovechaba esos minutos para comentar el cónclave con su compañero de delegación. Algunos bajaban la mirada, otros sonreían -descaradamente incómodos- y, los más, se limitaban a mover los labios porque ya hace años que olvidaron la letra.
El propio Rubalcaba, en su discurso, reivindicó los cuatro términos que definen al PSOE (partido, socialista, obrero y español) y lo hizo sin reparar en que el primero de ellos (partido) hace tiempo que dejó de ser un sustantivo para convertirse en un adjetivo más. Como ocurre cada vez que esta apacible turnicidad cuasi decimonónica envía a la oposición a uno de los grandes, el partido se fragmenta en grupos, familias y corrientes internas que, lejos de plantear disyuntivas, posicionamientos y debates ideológicos, no tienen más vocación que la de reubicar a sus adscritos en las cada vez más escasas cuotas de poder que resisten el embate de las urnas. PP y PSOE (fundamentalmente) son dos gigantescas oficinas de colocación que, cuando el viento sopla a favor, reparten cargos a diestro y siniestro y, cuando las cartas vienen mal dadas, alimentan las luchas cainitas entre quienes temen terminar apeados del coche oficial.
Los delegados del 38 congreso no se vieron constreñidos a optar entre modelos socioeconómicos y formulaciones filosóficas dispares, sólo tuvieron que escoger un caballo al que subirse, con la esperanza de acertar y poder cruzar al trote -ya que no al galope- la travesía del desierto. En cada papeleta depositada en la urna figuraban dos nombres: el del líder elegido y el del propio compromisario, que anticipaba así su candidatura para posteriores votaciones.
Por eso, el nuevo director no fue capaz de hacer sonar armónicamente a aquel coro, más pendiente de seguir la batuta que de leer la partitura. Porque mientras unos elevan el puño izquierdo, otros alzan el brazo derecho; porque hay quien se desgañita a voz en grito –“¡Arriba, parias de la tierra!”– mientras otros murmuran con sus compañeros de fila; porque algunos bajan la mirada, otros sonríen -descaradamente incómodos- y, los más, se limitan a mover los labios. Y es que ya hace años que olvidaron la letra.

… y todos los demás han perdido

Yo nunca he estado en el Congreso, ni siquiera de visita (bueno, una vez me hice una foto con uno de los leones, pero eso no cuenta). Quizás por eso me cueste tanto navegar por los recovecos del parlamentarismo.
Nuestro ordenamiento jurídico tiene entre sus objetivos propugnar el pluralismo político (artículo 1 de la constitución) y garantizar su reflejo en las cortes (artículo 66.1), pero no resuelve cómo llevarlo a la práctica. No explica qué hacer con los ciento sesenta y cuatro diputados -representantes de doce de los trece partidos políticos del hemiciclo- que, cuando se constituya el próximo parlamento, y conforme a la legítima aritmética, quedarán eximidos de su obligación -y de su derecho- de nombrar al presidente del gobierno y exentos de cualquier responsabilidad legislativa.
Esta situación, que se hará especialmente patente en la legislatura que viene, ni es nueva ni es exclusiva de las mayorías apabullantes. Por muy exiguos que sean los apoyos salidos de las urnas, siempre aparecen las sumas y componendas precisas para que la mitad más uno anule y arrodille -de “rodillo”- al resto. Después dirán que cada uno interpreta su papel en el teatro de la Carrera de San Jerónimo y que hay un día a día de trabajo de despacho, elaboración de propuestas, enmiendas y proyectos que nunca vemos, pero se quedarán sin argumentos en cuanto se les cuele la imagen de un humilde portavoz de grupo mixto perorando ante centenares de escaños irrespetuosamente vacíos, reflejo de la más cruda realidad: millones de votos se quedan sin voz (papeletas inútiles que, sumadas a las centenares de miles que se pierden en el escrutinio, invitan, convocatoria tras convocatoria, a la concentración de fuerzas, al voto útil y a los acuerdos preelectorales; en suma: al bipartidismo y a la desideologización).
Puesto que el objetivo final de los diputados es elegir gobierno y dictar leyes -eso es, al menos, lo que nos dijeron durante la campaña- sólo el Partido Popular se ha salvado de la quema, por mucho que todos los políticos -sin excepción- exhiban su capacidad de hallar entre los restos del naufragio un dato positivo sobre el que edificar -sólo de cara a la galería- un discurso optimista, ilusionante y esperanzador. Nadie debería de conformarse con crecer (si ese crecimiento sigue resultando insuficiente y estéril), o con formar grupo parlamentario propio (a no ser que únicamente se persiga el lucimiento del líder). Ni satisfacen las victorias morales, ni consuelan las dulces derrotas, y yerra el que acepta ser refugio de descontentos y del voto de castigo. Kavafis se equivocó (al menos, cuando el viaje a Ítaca pasa por las Cortes), porque el camino aquí no es lo que importa, sino la meta. Sólo la meta.
Es evidente que el sistema ya no funciona -si es que alguna vez lo hizo- y que ha llegado la hora de corregirlo. Ya no es necesaria una ley d’Hont que garantice gobiernos estables, ni que una obsoleta asignación de diputados por circunscripciones provinciales castigue a las minorías con la excusa de evitar atropellos territoriales. Ya prescribió nuestra presunta bisoñez democrática que durante décadas excluyó a los ciudadanos de los grandes debates de estado (¿cuándo nos dejarán opinar sobre el rey y la forma de gobierno, el modelo autonómico, el federalismo o la ley electoral?).
Cada vez que se celebran unas elecciones -las eufemísticas “fiestas de la democracia”- sólo unos ganan y todos los demás pierden. ¡Pues vaya una fiesta! Después volverán a sorprenderse y a mostrar su honda preocupación cuando la indignación abarrote las plazas y el porcentaje de abstencionistas les recuerde que el desafecto hacia la clase política y las instituciones ha terminado por reemplazar a la confianza y el compromiso.
Pero es que la democracia no era esto.